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La investigación sobre comunicación en España (1985-2015). Contexto institucional, comunidad académica y producción científica

Communication research in Spain (1985-2015). Institutional context, academic community and scientific production

RESUMEN
En los últimos 30 años se ha producido una radical transformación del entramado institucional en que se apoya la investigación española sobre comunicación, afectando a la estructura interna de la comunidad académica y a las características de la producción científica en este campo. En este trabajo se reconstruye ese proceso atendiendo a cuatro factores: el incremento de la oferta universitaria de estudios de comunicación desde comienzos de los 90; el establecimiento de tres licenciaturas diferenciadas (1991); el despliegue y afianzamiento de una cultura de la evaluación de la actividad investigadora (1989-2008); y el reconocimiento de Comunicación como área específica en el Plan Estatal de I+D+i (2010). Estos cambios institucionales han tenido un impacto apreciable en la estructura de la comunidad científica (crecimiento exponencial, incorporación de las mujeres, creciente internacionalización, etc.) y en la orientación de la producción científica (formatos de publicación, investigación colaborativa, calidad metodológica, etc.). Los diversos indicadores identificados señalan que mediada la primera década de los 2000 se produce un punto de inflexión que sitúa a la investigación comunicativa en España en unos parámetros sensiblemente distintos a los del periodo precedente.

PALABRAS CLAVE: investigación sobre comunicación; España; contexto institucional; comunidad científica; producción científica.

ABSTRACT
The institutional framework supporting Spanish Communication research has changed radically over the past 30 years, affecting the internal structure of the academic community and the characteristics
of scientific production in this field. This paper reconstructs that process by attending to four factors: the increase since the early 1990s in universities offering Communication studies; the establishment of three distinct Communication degree programmes (1991); the deployment and consolidation of a culture of evaluation of research activity (1989-2008); and the recognition of Communication as a specific area in the National RD&I Plan (2010). Such institutional changes have had a significant impact on the structure of the scientific community (exponential growth, incorporation of women, growing internationalisation, etc.) and the general direction of scientific production (publication formats, collaborative research, methodological quality, etc.). The various identified indicators showed a turning point in Spanish Communication research in the mid-2000s, situating it within parameters that differed considerably from those of the previous period.

KEYWORDS: communication research; Spain; institutional context; scientific community; scientific production.

Este trabajo forma parte del proyecto 25 años de investigación sobre Comunicación en España (1990-2015): producción científica, comunidad académica y contexto institucional, financiado por el Plan Estatal de I+D+i (CSO2013-40684-P). https://www.geac.es/incomes-25/

Cómo citar este artículo / Referencia normalizada: Martínez-Nicolás, M. (2020). La investigación sobre comunicación en España (1985-2015). Contexto institucional, comunidad académica y producción científica. Revista Latina de Comunicación Social, 75, 383-414. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1432

CONTENIDO
1. Introducción. 2. La transformación del contexto institucional de la investigación comunicativa. 2.1. El incremento de las universidades con oferta de estudios de comunicación. 2.2. La autonomización de las titulaciones de comunicación. 2.3. El despliegue y afianzamiento de la cultura de la evaluación. 2.4. El reconocimiento de Comunicación en el Plan Estatal de I+D+i. 3. Cambios en la estructura y las prácticas de la comunidad científica. 3.1. Crecimiento y diversidad interna de la comunidad científica. 3.2. La incorporación de las mujeres a la comunidad científica. 3.3. La institucionalización secundaria de la investigación sobre comunicación. 3.4. La internacionalización de la comunidad científica. 4. Características de la producción científica sobre comunicación. 4.1. El triunfo del paper. 4.2. El despegue de la investigación colaborativa. 4.3. La orientación general de la investigación sobre comunicación. 4.3.1. Diversificación de los intereses de conocimiento. 4.3.2. La centralidad del análisis de los contenidos mediáticos. 4.3.3. La primacía de la investigación empírica cuantitativa. 4.3.4. Mejora indiciaria de la calidad metodológica. 5. Última reflexión. 6. Referencias bibliográficas.

Si hace una década podía afirmarse que la investigación española sobre comunicación no había sido especialmente pródiga a la hora de tomarse a sí misma por objeto de estudio y reflexionar acerca de sus intereses de conocimiento, orientaciones epistemológicas y resultados obtenidos (Martínez Nicolás, 2008), el esfuerzo realizado desde entonces en este ámbito comienza a situarnos en una posición óptima –o más fiable que antes– para reconstruir trayectorias y proponer diagnósticos sobre la evolución histórica de la investigación sobre comunicación en España. Contábamos entonces con algunas contribuciones valiosas para este propósito, desde los trabajos pioneros de Moragas (1981) y Gifreu (1988 y 1989) sobre la historia del campo y las aportaciones continuadas de Jones en los 90 (Jones, 1994, 1997, 1998a y 2000). Pero no será sino en los últimos diez años, desde mediados de la primera década de los 2000, que el interés por eso que ahora denominamos metainvestigación cuaje con una intensidad probablemente sin parangón con otras disciplinas en España, ni, desde luego, con lo que sucede en otros países con culturas científicas equiparables a la española.
Centrada fundamentalmente en la producción académica en revistas especializadas, y en menor medida en tesis doctorales, el esfuerzo realizado en esta tarea de reconocimiento no puede mover a la autocomplacencia, ya que persisten algunas de las debilidades y limitaciones que ya hacíamos notar diez años atrás. De entrada, siguen escaseando aun hoy los trabajos orientados hacia una crítica de la investigación, que necesariamente debieran circunscribirse a un determinado dominio especializado (una determinada subdisciplina, u objeto de estudio, o teoría, o perspectiva metodológica, etc.) para valorar ahí la validez, el rigor, la novedad o la originalidad de nuestras aportaciones. En este tipo de aproximación continúa siendo de referencia obligada, y prácticamente sin continuidad transcurridos veinte años desde su publicación, la colección de ensayos dirigida por Berrio sobre la investigación comunicativa en Cataluña (Berrio, 1997). Faltos de esta más sofisticada orientación crítica, el reciente impulso a la metainvestigación sobre comunicación en España parece excesivamente tributario de la bibliometría y del análisis de contenido de muestras más o menos exigentes –generalmente de artículos científicos o comunicaciones a congresos–, que solo pueden arañar la superficie (o las tendencias más superficiales, si se quiere) de la investigación que estamos realizando.
Más aún, de forma bastante generalizada esa metainvestigación suele caer en un mero descriptivismo que nos devuelve una cierta representación del estado de la investigación (objetos de estudio, métodos, técnicas, regímenes de autoría, redes epistémicas, universidades contribuyentes, etc.), pero que no alcanza a explicar por qué la investigación se encuentra precisamente en ese estado, desatendiendo los factores de diversa índole (socio-históricos, institucionales, epistemológicos, de política científica, etc.) que inciden sobre ella en cada momento. Reducidos su alcance y potencial explicativo, la metainvestigación queda menguada entonces en su capacidad para servir de estímulo a la práctica investigadora identificando sus deficiencias, sugiriendo nuevas vías de desarrollo o desvelando los factores que la condicionan, una vocación que solo podrá desplegar en la medida en que sea planteada como una crítica del conocimiento, y abordada desde la perspectiva de una sociología de la ciencia atenta a los contextos social, histórico e institucional en los que inevitablemente se inscribe la actividad científica (Kuhn, 1962; Merton; 1973; Bourdieu, 1984 y 2001).
En cualquier caso, la abrumadora evidencia empírica reunida en la última década nos sitúa, como decíamos, en una posición óptima para ensayar una visión de conjunto de la evolución seguida por la investigación comunicativa en España en los últimos 25 o 30 años, permitiéndonos avanzar en la reconstrucción de una historia general del campo que los trabajos de Moragas (1981) y Gifreu (1989) necesariamente hubieron de concluir en aquel momento. Y esa visión de conjunto indica que en las últimas tres décadas se ha producido una intensísima transformación del entramado institucional que da soporte a la investigación sobre comunicación en España (Martínez Nicolás, 2008; Saperas, 2016), y que ese proceso ha afectado a la estructura y las prácticas de la comunidad académica y, sobre todo, a las características y la orientación de la producción científica en este ámbito . Sin duda, en esa transformación han desempeñado un papel decisivo las sucesivas disposiciones relacionadas con la política científica general en España, y especialmente el reforzamiento de la cultura de la evaluación que supuso la creación a mediados de 2002 de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la implantación del programa Academia de acreditación del profesorado universitario en 2008. Tanto es así, que, como intentaremos mostrar en este trabajo, los diversos indicadores de que disponemos sobre la evolución de la investigación comunicativa española en estos últimos 30 años señalan un punto de inflexión hacia mediados de la primera década de los 2000, momento en que este campo disciplinar parece adentrarse en nueva etapa caracterizada por una cultura científica renovada con respecto al periodo precedente.
Los factores explicativos de ese cambio de paso van, no obstante, más allá del socorrido “efecto ANECA” (Soriano, 2008), que si bien ha tenido la virtud de movilizar la reflexión sobre el campo –hasta el punto de que el despegue de la metainvestigación comunicativa en España puede considerarse inducido también por ese “efecto”–, ha acabado por convertirse en una especie de flatus vocis con el que se liquidan expeditivamente las referencias al “contexto” en que ha venido desarrollándose la investigación sobre comunicación en España en la última década. Sin negar su relevancia, el impacto de las decisiones de política estatal condensadas en ese “efecto ANECA” no agota el elenco de los factores que han venido condicionando la actividad científica en este ámbito , ni siquiera en los últimos diez años. Y, más aún, está todavía por dilucidar con detalle y apoyo empírico adecuado en qué sentido se habría dejado sentir un “efecto” convertido usualmente en raíz de los múltiples “defectos” que aquejarían a la investigación comunicativa española. Aunque ya contamos con algunos trabajos que encaran esta cuestión (Masip, 2011; Goyanes, 2015 y 2017; Lacasa, 2017; Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2017; Soriano, 2017), la revisión y sistematización de la evidencia disponible que proponemos en este trabajo puede contribuir a la reconstrucción de la complejidad del sistema de la investigación sobre comunicación en España en los últimos 30 años, lo que requiere atender, necesariamente, a la interacción entre el contexto institucional, la estructura y prácticas de la comunidad académica y la producción científica en ese periodo.

2. La transformación del contexto institucional de la investigación comunicativa

La institucionalización de la investigación sobre comunicación en España comienza con la creación de las facultades de Ciencias de la Información en las universidades Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona en septiembre de 1971, a la que se agregará unos meses después, en abril de 1972, el reconocimiento con rango universitario de los estudios de Periodismo impartidos por la Universidad de Navarra, regida por la prelatura católica del Opus Dei (decretos 2478/1971 y 891/1972, respectivamente), un proceso que culminará con la creación de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco en octubre de 1981 (Real Decreto 2344/1981). Los estudios de comunicación son organizados entonces en una única titulación, en Ciencias de la Información, con tres ramas o especialidades en Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, y Publicidad (Decreto 2478/1971), trasladando al ámbito universitario la estructura sectorial seguida para la formación de los profesionales de la comunicación en las Escuelas Oficiales precedentes (de Periodismo, Radio y Televisión, Cinematografía, y Publicidad), de las que las nuevas facultades se erigen en herederas con la extinción paulatina de aquellas. Pero a diferencia de estas, esas nuevas facultades constituyen ya un marco institucional propicio para que comience a fraguar una tradición científica de investigación sobre comunicación en España, entre otras razones porque generan una estructura de oportunidad para la profesionalización académica cuyos mecanismos de acceso y promoción en la carrera universitaria (tesis doctorales, concursos para la provisión de plazas, etc.) exigen de un compromiso decidido con la actividad científica (Martínez Nicolás, 2008). De todos modos, esos mecanismos de acceso y promoción serán todavía excesivamente laxos, y supeditados con frecuencia más a las pugnas entre grupos académicos por establecer redes clientelares que a la aplicación de estrictos criterios meritocráticos. Aunque algunas de estas inercias persistirán, incluso hasta hoy mismo, lo cierto es que el contexto institucional en el que se desarrolle la investigación comunicativa en España desde mediados de los 80 se verá sustancialmente subvertido.

2.1. El incremento de las universidades con oferta de estudios de comunicación

El proceso de institucionalización iniciado a comienzos de los 70 se intensificará a partir de la década de los 90 con la explosión de los estudios sobre comunicación en España. A mediados de los 80, las cuatro facultades entonces existentes reunían unos 5.000 estudiantes y alrededor de 500 profesores, y transcurridos no más de diez años estas cifras se habían cuadruplicado, siendo para entonces 20 las universidades con estos estudios implantados, que reúnen en torno a 20.000 alumnos y unos 2.000 docentes (Jones, 1998a). Esa expansión de la oferta seguirá creciendo exponencialmente. Una década después, mediada la primera de los años 2000, 44 universidades ofertan estas titulaciones, con un número de profesores cercano a los 3.000 efectivos (ANECA, 2005; Abuín, 2010). Y los cálculos más fiables para el periodo reciente estiman que en 2015 serían ya 54 las universidades españolas con programas de comunicación, seguidos por alrededor de 45.000 alumnos y con un cuerpo docente integrado por unos 4.500 profesores (Saperas, 2016). Por tanto, cualquiera que sea el parámetro de referencia –universidades, estudiantes o profesorado–, los datos indican que el volumen institucional de los estudios de comunicación en España se habría multiplicado por diez en las últimas tres décadas.
Las razones de este proceso inflacionario apuntarían al atractivo de unas profesiones, las vinculadas a la comunicación, con una amplia demanda generada por la radical transformación del sistema comunicativo español en este periodo. En la década de los 80, el levantamiento del férreo control ejercido hasta entonces por la dictadura franquista y la homologación política de España con las democracias occidentales, sancionada con su incorporación a la Unión Europea en 1986, propicia la liberalización y profesionalización del sector (la prensa, la radio y el cine, especialmente), en un impulso que se prolongará a comienzos de los 90 con la ruptura del monopolio televisivo público y la implantación en España de la televisión privada, que favorece el crecimiento de los mercados audiovisual y publicitario. La expansión y dinamismo del sistema comunicativo ya no decaerá hasta hoy mismo con el advenimiento de la revolución digital a comienzos de los 2000, que lo ha situado en el centro de los profundos cambios sociales, políticos, económicos y culturales que están experimentando las sociedades avanzadas contemporáneas.
Empujados por circunstancias diversas en cada momento, pero siempre en una misma dirección expansiva, los estudios de comunicación se han ido asentando entre las opciones de formación universitaria de mayor demanda y potencial de empleo en España en los últimos 30 años. Y quizá por esta razón, la multiplicación exponencial de la oferta en este periodo se ha debido, en buena medida, a la decidida incorporación a este ámbito formativo de universidades privadas de nueva creación (Moragas, 2005), que representarían ya alrededor de la tercera parte (19 de 54) de los centros españoles con titulaciones de comunicación censados en 2015 (Saperas, 2016, p. 37). Ese mismo año, las universidades privadas registradas en España eran 34 (Simancas y García López, 2016, p. 181). En consecuencia, cerca del 60% de estas universidades imparte actualmente grados en comunicación, lo que indica claramente el atractivo que han ido adquiriendo estos estudios en la oferta privada de formación superior en estos últimos 15 o 20 años.

La antigua Licenciatura en Ciencias de la Información, con menciones de especialidad en Periodismo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, y Publicidad, quedó desagregada a comienzos de los 90 en tres titulaciones autónomas, en Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo (reales decretos 1386/1991, 1427/1991 y 1428/1991, respectivamente), con unos planes de estudio también renovados. Esta opción probablemente venía ya prefigurada en la decisión de segmentar el campo disciplinar de la comunicación en dos “áreas de conocimiento” distintas, las de “Periodismo” y “Comunicación Audiovisual y Publicidad”, establecida en las disposiciones emanadas de la Ley de Reforma Universitaria (1983) para regular el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Real Decreto 1888/1984), en las que obligatoriamente quedaría encuadrado a partir de entonces el núcleo más específico del profesorado de las facultades de Ciencias de la Comunicación, denominación que se generalizará tras la reforma de 1991.
Como quiera que sea, lo cierto es que quizá no se haya valorado adecuadamente el impacto que la autonomización de las titulaciones ha tenido sobre el sistema de la investigación comunicativa en España en el último cuarto de siglo. Aun con la implantación de tres especialidades, las primeras facultades de Ciencias de la Información –y esa identificación era ya bien significativa– fueron centros básicamente orientados a la formación de periodistas, generando una comunidad científica mayoritariamente atenta a este ámbito mediático, en un momento, además, en que los estertores de la dictadura franquista y la transición hacia la democracia en España revalorizaba el papel social del periodismo y los medios informativos, y, por tanto, el interés y la urgencia de su análisis (Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2017).
No deja de ser sintomático a este respecto que a la hora de segmentar el campo disciplinar en “áreas de conocimiento” se decidiese singularizar la de “Periodismo” y agrupar “lo restante” en una segunda, indicando la posición algo subsidiaria que en el imaginario académico de la época probablemente tenían los ámbitos de la publicidad y la comunicación audiovisual, por no hablar de unas relaciones públicas oficialmente desaparecidas hasta la reforma de las titulaciones en 1991. La implantación de licenciaturas autónomas tiene la relevancia simbólica de situar la diversidad interna del campo en un mismo nivel de reconocimiento institucional –y de ahí la sustitución del apelativo de Ciencias de la Información por el de Ciencias de la Comunicación en las facultades a partir de ese momento–, y esa decisión tendrá efectos académicos inmediatos al potenciar la profesionalización universitaria y la actividad científica en unos nichos especializados (la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación audiovisual) que venían siendo preteridos en la investigación comunicativa española hasta entonces.

El impulso modernizador promovido por la Ley de Reforma Universitaria (LRU) desde su promulgación en agosto de 1983 (Ley Orgánica 11/1983) se dirigió, de manera prioritaria y decidida, a sacar a la universidad española de la secular anemia científica que habría lastrado la incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas. El preámbulo de la ley era taxativo al respecto: “Aunque fuera únicamente para impulsar el desarrollo, la mentalidad y el espíritu científico en España estaría justificada la reforma de la Universidad”. Y ese será el leitmotiv de la LRU.
Las medidas propuestas con este objetivo incluían, entre otras disposiciones, una reordenación de la estructura de las universidades, con la creación de los departamentos, a quienes se confiaba la organización y coordinación de las actividades científicas y docentes (artículo 8); la reforma de los programas de doctorado, que deben orientarse a “la especialización del estudiante y su formación en las técnicas de investigación” (artículo 31); y, muy especialmente, la exigencia de que el profesorado fuera sometido “a una evaluación del rendimiento docente y científico”, que sería tomado en consideración en los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (artículo 45). Este es el punto de arranque de una cultura de la evaluación de la actividad investigadora que pivotará en adelante sobre el concepto de productividad científica, y cuyos criterios de valoración tendrán un impacto notabilísimo en la orientación de la investigación científica en España a partir de ese momento. En el desarrollo de esa cultura de la evaluación pueden distinguirse al menos tres etapas: de implantación (1983-1989), reforzamiento (2001) y generalización (2008), siguiendo una evolución dirigida no solo a endurecer sus criterios y extremar el rigor de su aplicación, sino, fundamentalmente, a hacer del rendimiento científico un factor determinante para el acceso, consolidación y promoción en la carrera profesional de los investigadores.
Lo característico en la fase de implantación fue considerar el rendimiento científico como un mero incentivo a la actividad investigadora, y de hecho comienza a desplegarse en una disposición aparentemente menor en términos de política científica, sobre las retribuciones salariales del profesorado universitario (Real Decreto, 1086/1989). Esa disposición establece los bien conocidos sexenios, de cuya concesión, voluntariamente solicitada por los interesados, se encargará un organismo de nueva creación, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI). Este estado de cosas se prolongará durante la década de los 90 hasta la promulgación en diciembre de 2001, en sustitución de la LRU, de la Ley Orgánica de Universidades (LOU, Ley Orgánica 6/2001), verdadero punto de inflexión en el afianzamiento de aquella cultura de la evaluación en España.
En efecto, el título IX de la LOU establece dos vías de acceso a las múltiples categorías del profesorado universitario, una reservada a los cuerpos de funcionarios docentes (catedráticos y titulares de universidad), por medio de un sistema de “habilitación nacional” que facultará para participar en los concursos de acceso; y otra para las categorías académicamente más exigentes del personal docente contratado (ayudantes doctores y contratados doctores). A estos últimos se les impone la obligación de haber obtenido una evaluación positiva de su actividad previa, “prioritariamente investigadora” en el caso de los contratados doctores (artículo 52), por parte de otro organismo de nueva creación, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), formalmente constituida en julio de 2002, momento en que comienza a desempeñar las funciones que le encarga la LOU junto a las agencias de ámbito autonómico creadas también a partir de entonces.
La novedad que introduce la LOU consiste, por tanto, en que el rendimiento científico deja de ser un incentivo para convertirse en un requisito insoslayable para el desarrollo de la carrera académica, reforzando así la cultura de la evaluación implantada una década atrás. Y estas condiciones serán inmediatamente generalizadas a partir de abril 2007 al conjunto del profesorado por la Ley Orgánica de Modificación de la LOU (LOMLOU, Ley Orgánica 4/2007), que amplía también a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios la exigencia de acreditación previa por parte, exclusivamente, de la ANECA (modificación del artículo 57 de la LOU). En enero de 2008, apenas medio año después, la agencia implantaba el programa Academia de acreditación del profesorado universitario, que convierte la “actividad investigadora” en el criterio central para obtener la valoración positiva requerida para el acceso y la promoción profesional en la universidad española. Así, por ejemplo, sobre un máximo de 100, la puntuación mínima global exigida para la acreditación como Profesor Titular de Universidad se establece en 65 puntos, pero 35 de ellos (casi el 54%) deben corresponder a los méritos de investigación aportados, repartiéndose el resto entre los relativos a la actividad docente y a la gestión universitaria.
La piedra de toque en el despliegue de esta cultura de la evaluación, y la causa, sin duda alguna, de las numerosas objeciones desde el ámbito de las Ciencias Sociales (Jiménez, De Moya y Delgado, 2003; Perceval y Fornieles, 2008; Soriano, 2008; Ruiz Pérez, Delgado y Jiménez, 2010; Quirós, 2016; Soriano, 2017), ha sido la definición por parte de los organismos encargados de implementarla de qué debe entenderse por “actividad investigadora” y, sobre todo, de cuáles son los criterios idóneos para valorar la calidad de una trayectoria científica. Esta tarea ha sido comandada por la CNEAI para la concesión de los sexenios, organismo que opta desde el primer momento por instituir “criterios cuantificables y contrastados” con el propósito de incrementar la “productividad científica” de modo que pueda ser “detectada en bases críticas internacionales”, en palabras de Ana Crespo, coordinadora general de la comisión entre 2005 y 2008 (citada en Soriano, 2008). Y este enfoque será adoptado sin apenas matices por la ANECA en los procedimientos de acreditación del profesorado.
El incesante trabajo de refinamiento por parte de la CNEAI de lo que cuenta como “actividad investigadora” y de los baremos de calidad que deben acompañarla ha sido reconstruido con detalle hasta 2009 por Ruiz Pérez, Delgado y Jiménez (2010), y, revisados hasta el día de hoy, revela una especie de movimiento pendular de aprieta y afloja en el que el momento actual correspondería a una fase de apretura. En breve, los hitos más relevantes en este proceso habrían sido la práctica reducción de la actividad científica a las “publicaciones”, en menoscabo de cualquier otro tipo de producto o tarea de investigación (comunicaciones a congresos, elaboración de informes, dirección de tesis doctorales, proyectos o grupos de investigación, etc.); y, sobre todo, la preferencia otorgada a los artículos publicados en revistas académicas, introduciendo desde 1996 el factor de impacto de las mismas como criterio de calidad, con mención explícita para aquellas incluidas en los Journals of Citation Reports (JCR), índice gestionado por una empresa dedicada al negocio editorial. Esta decisión tendrá un efecto inmediato en el área de Ciencias Sociales, pues, como señalan Ruiz Pérez, Delgado y Jiménez (2010, p. 906), “cuando los criterios de las «ciencias duras» se trasladan, en alguna medida, a «otras formas del saber», las tasas de éxito [en la evaluación de la actividad investigadora] descienden de manera considerable”. Así, entre 1989 y 2004 el porcentaje de sexenios concedidos con respecto a los solicitados en el campo de las Ciencias Sociales alcanzó solo el 59%, el más bajo con el de Ciencias Económicas y Empresariales. En el periodo 2005-2008, las sucesivas disposiciones de la CNEAI procuran una “suavización del acusado JCR-centrismo precedente” (Ruiz Pérez, Delgado y Jiménez, 2010, p. 907), reconociendo otros índices españoles e internacionales como indicativos de la calidad de las revistas científicas (Scopus, Latindex, In-RECS, DICE-CINDOC, etc.). Pero esta “suavización” acaba para las Ciencias Sociales con la convocatoria de sexenios de 2016, de modo que donde la precedente de 2015 decía que tendrán valoración preferente las publicaciones en revistas JCR (punto 3a), Scopus (punto 3b) y deja a criterio de los evaluadores las restantes (punto 3c), en la de 2016 se mantiene el estatus privilegiado de los JCR; se aceptan las revistas en posiciones destacadas de Scopus “sin que necesariamente se valoren por igual”; y dice, en fin, que “se podrán valorar también, pero nunca del mismo modo” las restantes. Un lenguaje este de la CNEAI cierta y sorprendentemente expeditivo, colocando de nuevo el péndulo en posición de “aprieta”.
Como decíamos, la ANECA recurrirá prácticamente sin matices a los criterios que ha ido estableciendo la CNEAI para la acreditación del profesorado universitario, siguiendo incluso la inercia pendular de esta. La evaluación de la actividad investigadora en el marco del programa Academia primó desde su implantación en 2008 las publicaciones en revistas indexadas, con una apelación genérica a aquellas incluidas “en los catálogos tipo Journal of Citations Reports o equivalentes”. Esa laxitud comienza a reconducirse con las disposiciones que concretan el nuevo procedimiento de acreditación universitaria aprobado en 2015 (Real Decreto 415/2015), y que para el campo de las Ciencias Sociales ordenaba las revistas científicas en cuatro niveles, comenzando por las situadas en los cuartiles 1 y 2 de JCR y el primer cuartil de Scopus, y exigiendo un mínimo de trabajos publicados en estas para obtener una valoración positiva (por ejemplo, para Profesor Titular de Universidad, 10 artículos de este primer nivel para alcanzar la calificación máxima (A), y cuatro para la mínima (B) requerida de facto). La contestación generada entre la comunidad académica ha mantenido prácticamente paralizado el sistema de acreditaciones hasta la revisión de estos criterios, pero se ha retomado en noviembre de 2017 con nuevas indicaciones sobre los méritos evaluables (1) que persisten en esa misma línea de primar fuertemente aquella actividad científica que dé lugar a artículos en revistas incluidas en los rankings internacionales generados a partir del cálculo de su factor de impacto; es decir, de las citas recibidas por los textos que publican.
Es posible que con las nuevas herramientas de que disponen para difundir autónomamente sus trabajos en el entorno web, el prestigio de un investigador vaya a depender cada vez menos de las revistas donde publica, y más de su propia y exclusiva “reputación digital” (Delgado, 2017). Pero en cualquier caso, en adelante la valoración de la calidad de la actividad científica parece indefinidamente condenada a depender de rankings, citas y seguidores. Puede que así estemos midiendo su “impacto”, pero no, desde luego, apreciando su calidad ni su influencia: para eso no hay algoritmos (2) . En fin, el despliegue de una cultura de la evaluación erigida sobre unos parámetros de rendimiento y productividad así definidos acabará condicionando, y con mayor ahínco desde hace una década, el sistema general de la investigación científica en España, y afectará también, obviamente, al campo disciplinar de la comunicación.

El impulso a la “mentalidad y el espíritu científico en España” que actuó de catalizador para la reforma universitaria de 1983 comenzará a concretarse con la promulgación de Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica en 1986 (Ley 13/1986). La Ley de Ciencia, como será conocida desde entonces, no solo constataba la evidencia del secular atraso de la actividad científica en España, sino que partía de un diagnóstico de los males que la aquejaban y proponía algunos remedios. La exposición de motivos de la ley era también taxativa al respecto, manteniendo ese brío que caracterizará a la legislación de la época en este campo: “La investigación científica y el desarrollo tecnológico se han desenvuelto tradicionalmente en España en un clima de atonía y falta de estímulos sociales, [y] de ausencia de instrumentos que garantizasen la eficaz intervención de los poderes públicos en orden a la programación y coordinación de los escasos medios con que se contaba [...]. No es de extrañar, por ello, que la contribución española al progreso científico y tecnológico haya sido, por lo general, escasa e impropia del lugar que en otros órdenes nos ha correspondido”. Para reconducir la situación, y entre otras disposiciones, la ley dotaba al sistema científico español de un instrumento, el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que resultará fundamental en el sostenimiento de una política activa para el estímulo de la actividad investigadora en España.
El Plan Nacional se organiza en programas específicos que irán abarcando los diversos ámbitos del sistema de ciencia y tecnología (formación, movilidad e integración de investigadores, infraestructuras, proyectos, fortalecimiento institucional, etc.) en los sucesivos planes cuatrienales desarrollados desde el periodo 1988-1991 hasta el de 2017-2020 (3) . De esos diferentes programas, probablemente aquellos con un impacto más decisivo y continuado sobre la actividad científica hayan sido los dirigidos a la financiación de proyectos de investigación, de los que dependerá en buena medida a partir de entonces el desarrollo ordinario del trabajo de los investigadores en unas condiciones más o menos óptimas . Tras diversas reestructuraciones, la gestión de esos proyectos acabará organizada en grandes departamentos (Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Vida, Medio Ambiente y Recursos Naturales, etc.) que integran diferentes áreas y subáreas de conocimiento (4) Lo característico de esa gestión será, no obstante, que la financiación de los proyectos presentados en convocatorias anuales competitivas se resolverá estrictamente mediante un sistema de evaluación por pares en el que los diferentes paneles de expertos dictaminan sobre la calidad de los mismos y la cuantía necesaria para desarrollarlos en el plazo máximo de tres o cuatro años.
La posición del ámbito de Comunicación en esta estructura organizativa fue ciertamente precaria durante los más de 20 años transcurridos entre el primero y el sexto de los planes nacionales, en que las solicitudes de proyectos eran dirigidas, por regla general, a alguna de las subáreas de conocimiento del campo de Ciencias Sociales, habitualmente Sociología o Ciencia Política –de ahí el identificativo de SOCI o CPOL en los concedidos hasta 2010–, siendo evaluados, en consecuencia, por los paneles de expertos de las mismas. Eso generó un más o menos justificado sentimiento de agravio entre los investigadores adscritos a las facultades de Comunicación, quejosos de que el relativamente escaso éxito de sus propuestas se debía a que no eran “especialistas en comunicación” quienes evaluaban los proyectos de este ámbito . Un sentimiento de agravio, decimos, más o menos justificado, porque tampoco dejaba de ser cierto que esos proyectos “de comunicación” quizá no alcanzasen, por deméritos propios, el nivel de calidad requerido (Martínez Nicolás, 2008). Como quiera que sea, tras una persistente y finalmente exitosa demanda por parte de la comunidad científica, esa precariedad de Comunicación comienza a corregirse desde la convocatoria de 2010, en el marco del sexto Plan Nacional de I+D, cuando se reestructura el área de Ciencias Sociales para organizarla en cuatro subáreas de conocimiento: Sociología, Ciencia Política, Geografía y Comunicación, contando a partir de entonces con coordinadores y expertos específicos –esto es, “de comunicación”– para la evaluación de los proyectos solicitados.
Ciertamente, el reconocimiento de Comunicación a estos efectos tendrá un impacto inmediato sobre el volumen de los proyectos financiados en el área a partir de 2010, a lo que probablemente también contribuyesen las exigencias relativas a la actividad investigadora impuestas por el programa Academia de acreditación del profesorado universitario. Los datos al respecto son fragmentarios e inciertos, especialmente para el periodo anterior a 2010, por razón justamente de la dispersión del ámbito en diferentes áreas del Plan Nacional. En cualquier caso, entre 2004 y 2009 (5) se habrían concedido una media de 14 proyectos de comunicación por convocatoria, con un mínimo de ocho en 2005 y un máximo de 21 en 2009. A partir de entonces, en las ocho habidas entre 2010 y 2017 esa media asciende a 25 proyectos financiados por convocatoria, alcanzándose un máximo de 32 en 2013. Como decíamos, ese impulso probablemente se iniciara ya a raíz de la implantación del programa Academia en 2008 –el significativo incremento de los 12 proyectos aprobados en 2008 a los 21 de 2009, año en que comenzaría a dejarse notar la presión investigadora ejercida por el procedimiento de acreditación–, pero se refuerza con una decisión que, en el periodo aquí considerado (2004-2017), prácticamente logra duplicar la media de proyectos de comunicación financiados por convocatoria. El reconocimiento de Comunicación como área de gestión en el Plan Estatal de I+D+i fue una medida de política científica que, como veremos, encaminará a la investigación comunicativa en España en direcciones que hasta entonces se había resistido a emprender.

La transformación experimentada en las últimas tres décadas por el entramado institucional que sirve de soporte a la investigación española sobre comunicación ha dejado su impronta en la estructura y las prácticas investigadoras de la comunidad científica comprometida en el desarrollo de este campo disciplinar. El crecimiento exponencial de la misma y la diversidad interna adquirida; la progresiva incorporación de las mujeres a la investigación comunicativa; la intensidad del proceso de institucionalización secundaria conducido por asociaciones científicas, centros y grupos de investigación, y revistas y colecciones editoriales especializadas; y la consolidación de su presencia en los circuitos internacionales de difusión y producción del conocimiento (publicaciones, congresos, proyectos de investigación, etc.) son algunos de los rasgos más relevantes de los cambios que han afectado a la comunidad científica en los últimos 30 años.

La explosión de los estudios de comunicación desde los primeros 90 ha decuplicado en tres décadas el número de las universidades españolas que los incluyen entre su oferta, pasando de las cuatro pioneras a las 54 registradas en 2015. Y también, en una proporción similar, el volumen del cuadro docente e investigador dedicado a este ámbito , que los datos más fiables cifran actualmente en alrededor de 4.500 integrantes, casi diez veces más que hace treinta años. La expansión de estos estudios ha provocado, por tanto, una incorporación masiva de profesorado con expectativas de profesionalización académica, lo que requiere, y de manera particularmente exigente desde la implantación del sistema de acreditación universitaria, desarrollar una trayectoria investigadora continuada y sometida a valoración externa.
Un buen indicador de este crecimiento de la comunidad científica es el de la evolución de las tesis doctorales defendidas en las facultades de comunicación desde el momento de su creación (López Escobar y Martín Algarra, 2017, pp. 97-98), que suman 250 entre 1979 y 1989; 569 de 1990 a 1998; y 948 en el periodo 2007-2013 (6) . Aunque los bloques temporales no son homogéneos, se advierte claramente una progresión geométrica en la que el número de tesis presentadas, y por tanto el de doctores, prácticamente se duplica de un periodo a otro, alcanzando en la etapa más reciente (2007-2013) una media de 135 nuevos doctores en Ciencias de la Comunicación cada año. Aunque parte de ese personal cualificado son egresados extranjeros, especialmente latinoamericanos, que harán en adelante carrera académica en sus países, los datos son suficientemente reveladores del crecimiento exponencial de la comunidad científica y, sobre todo, de la presión que necesariamente estaría ejerciendo sobre un sistema de acceso y promoción universitarias fiado ahora, como nunca antes, a la productividad investigadora.
Como ya comentamos, la orientación de las primeras facultades españolas de Ciencias de la Información hacia la enseñanza y la investigación sobre periodismo relegó a una posición subsidiaria a las restantes especialidades del campo, que alcanzarán un reconocimiento institucional ya definitivo con la implantación en 1991 de tres licenciaturas autónomas en Periodismo, Comunicación Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas. Esa decisión tuvo efectos académicos inmediatos, potenciando la actividad docente y la investigación científica en unos dominios tradicionalmente descuidados en las facultades españolas, y sobre los que partir de entonces recaerá la responsabilidad de tomar a su cargo la organización y la provisión de conocimientos para titulaciones y programas de posgrado específicos.
Los datos sobre la evolución de la actividad doctoral –esto es, sobre la formación de investigadores– en estos ámbitos son esclarecedores. Así, el 60% de las tesis sobre Relaciones Públicas presentadas en las universidades españolas entre 1965 y 2004 son defendidas entre 1995 y 2004; es decir, por las primeras promociones de egresados de la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas (Castillo y Xifra, 2006). Algo similar sucede con la otra especialidad vinculada a esta titulación, la Publicidad, en la que de las 260 tesis doctorales registradas entre 1974 y 2010, el 72% se defienden a partir de 1996 (Marcos, Martínez Pestaña y Blasco, 2012). Por lo que hace a la Comunicación Audiovisual, los datos recopilados por Repiso, Torres y Delgado (2011a) indican un crecimiento espectacular de los trabajos doctorales sobre radio entre 1998 y 2007, 65 tesis, más en esos diez años que las 52 presentadas en las dos décadas precedentes (1978-1997). Y lo mismo ocurre con las dedicadas a la televisión (Repiso, Torres y Delgado, 2011b), de las que se defienden en ese mismo periodo (1998-2007) casi el 70% de las presentadas en las facultades españolas desde 1976. Todo parece indicar, por tanto, que estos ámbitos se expanden notablemente desde el momento en que disponen de licenciaturas universitarias propias, contribuyendo de este modo a una progresiva diversificación de los intereses de conocimiento atendidos por la comunidad científica española implicada en la investigación sobre comunicación.

La incorporación de las mujeres a la comunidad científica no ha merecido todavía la suficiente atención en un campo tradicionalmente dominado por los hombres. De entrada, no disponemos de cifras fiables sobre la distribución por sexo del profesorado adscrito a las titulaciones de comunicación en las universidades españolas, y lo que pueda decirse al respecto debe basarse en los datos que proporciona el análisis de la autoría de las tesis doctorales defendidas en las facultades de Comunicación y de los trabajos publicados en revistas científicas especializadas. Estos segundos, buen indicador de las características de la comunidad científica que realmente ejerce –es decir, la que contribuye, publicando, a la producción de conocimiento–, suelen ser, sin embargo, circunstanciales, referidos bien a momentos puntuales (Castillo y Carretón, 2010; Escribà y Cortiñas, 2013), bien a ámbitos específicos (Piñeiro, 2016; Baladrón, Manchado y Correyero, 2017); y, sobre todo, no ofrecen una perspectiva histórica que nos permita valorar el proceso de la incorporación de las mujeres a la investigación comunicativa.
Los datos aportados por estos trabajos indican una distribución razonablemente equilibrada de las autorías entre ambos sexos. Así, por ejemplo, en Castillo y Carretón (2010, p. 310), aunque se refieren exclusivamente a lo publicado por una muestra de revistas en el año 2008. Escribà y Cortiñas (2013, p. 38) amplían el foco temporal al periodo 2007-2011 en siete revistas españolas y obtienen unos porcentajes del 60%-40% favorable a los hombres. Los resultados de Piñeiro (2016, p. 40-41) indican un apreciable incremento de la presencia femenina entre 1980 y 2013 en la investigación sobre la radio, pero estableciendo unos periodos temporales tan amplios (1980-1994 y 1995-2013) que no dejan apreciar claramente esa progresión, especialmente en la etapa más reciente. Con todo, si en el periodo 1980-1994, las mujeres firmaron solo el 20% de los trabajos publicados (solo 7 de 35), entre 1995 y 2013 lo hicieron en algo más del 50% (189 de 367), de donde la autora infiere una “incipiente feminización de la investigación radiofónica” en España (Piñeiro, 2016, p. 41). Baladrón, Manchado y Correyero (2017, p. 10) analizan la autoría de la investigación publicitaria entre 1980 y 2015, con una distribución global para todo el periodo –lamentablemente no desagregan los datos en el tiempo– del 50,3% y el 49,7% entre hombres y mujeres, respectivamente.
Más revelador, por exhaustivo, es el cuadro que puede obtenerse de evolución de la autoría de las tesis doctorales. Los datos registrados por Jones, Baró, Landa y Ontalba (2000, p. 23) indican que las realizadas por mujeres representaron solo algo más del 10% en la década de los 70 (9 de 77) y aumentaron hasta alrededor del 30% en los años 80 (140 de 460), quedando estancadas en el entorno de esa proporción en el periodo 1990-1998 (el 37%, 368 de 993). Sin embargo, durante la primera década de los 2000 esa situación parece haberse modificado muy significativamente, y entre 2007 y 2013 los 977 trabajos doctorales defendidos se reparten ya de forma equitativa entre hombres y mujeres (49,6% y 50,4%, respectivamente) (7) . Para el lapso entre ambos registros (1999-2006) puede ser indicativo el caso específico de las tesis sobre Relaciones Públicas, el 56% de las cuales son ya defendidas por mujeres en la década 1996-2005 (Castillo y Xifra, 2006, p. 150). La distribución equilibrada entre ambos sexos en la investigación comunicativa española parece, por tanto, un fenómeno reciente, probablemente desde los 2000 en adelante.
En cualquier caso, esta situación de equilibro no refleja todavía la “feminización” de los estudios sobre comunicación en España. Aunque no disponemos de datos históricos, ni tampoco para el conjunto de las titulaciones, las catas realizadas hasta el momento son taxativas al respecto. En el curso 1999-2000, en torno al 70% de los egresados de las entonces licenciaturas fueron mujeres (ANECA, 2005, p. 149); y casi 15 años después, en el curso 2012-2013, los graduados en Periodismo lo seguían siendo prácticamente en la misma proporción (Rivero, Meso y Peña, 2015). En consecuencia, aunque la presencia de hombres y mujeres en la comunidad científica sea actualmente equilibrada, la posición de los primeros en la docencia y la investigación universitarias parece superior a su peso relativo entre los titulados en comunicación.

3.3. La institucionalización secundaria de la investigación sobre comunicación

Si la explosión de los estudios de comunicación desde la década de los 90 procuró un entramado institucional, radicado en facultades y departamentos universitarios específicos, propicio para la consolidación de la investigación comunicativa en España, no puede decirse menos del intenso proceso de institucionalización secundaria emprendido por la comunidad científica con la creación de asociaciones científicas, grupos de investigación y revistas y colecciones editoriales especializadas. Esta es una historia, no obstante, que en su mayor parte está por escribir.
Las sociedades científicas españolas vinculadas al ámbito de comunicación nacen con la creación en 1982 de la Asociación de Investigadores en Comunicación, que irá extinguiéndose en los 90 tras mudar su nombre mediada la década anterior por el de Asociación de Investigadores en Comunicación del Estado Español. En 1983 se crea la Asociación Española de Semiótica; un año después, la Societat Catalana de Comunicació; y en 1988 la Asociación Española de Historiadores del Cine. Esa tendencia a la especialización será característica en adelante, con el surgimiento de asociaciones que agrupan a los especialistas en periodismo (1990), historia de la comunicación (1992), comunicación educativa (2000), relaciones públicas (2004), comunicación política (2008) o comunicación sanitaria (2013), muchas de ellas abiertas igualmente a los respectivos sectores profesionales, y a las que cabe agregar algunas otras de carácter genérico y, por lo general, de ámbito autonómico (8) . Esa tarea de institucionalización secundaria culmina, sin duda alguna, con la fundación de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación en 2006, de cuyo impulso a la investigación comunicativa en España vamos ya teniendo evidencias (Rodríguez Gómez, 2016).
Muchísimo más escaso, por no decir inexistente, es el análisis de los centros y grupos de investigación españoles sobre comunicación. Sobre los primeros, prácticamente no podemos sino indicar la relevancia que han tenido en este campo organismos como la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco, 1969), de Telefónica; el Centre d’Investigació de la Comunicació (1987) de la Generalitat de Catalunya (Jones, 1998b); y el Institut de la Comunicació (1997) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sobre los segundos, los grupos de investigación, solo recientemente han comenzado a ser atendidos (Mancinas et al., 2015; Tur, 2017), y contamos ya al menos con un repositorio que identifica 213 actualmente en España (9) , aunque queda pendiente la tarea de analizar aspectos tan fundamentales como su grado de actividad, producción científica, estructura interna, funcionamiento, etc. En cuanto a la actividad editorial en el ámbito de comunicación, las primeras colecciones especializadas de sellos como Gustavo Gili, Paidós, Cátedra o Ariel, en otros, resultaron cruciales para el despegue de la investigación comunicativa en España desde mediados de los años 80, pero prácticamente carecemos de estudios sobre su desarrollo e impacto en la comunidad científica (Giménez Toledo y Tejada, 2012).
El aspecto mejor cubierto en este proceso de institucionalización secundaria ha sido el de las revistas académicas especializadas, un sector con un desarrollo exponencial en los últimos años, coincidiendo con el triunfo del paper como formato de comunicación científica generosamente valorado para acreditar las trayectorias investigadoras desde la implantación del programa Academia en 2008 (véase el epígrafe 3 de este trabajo). El impresionante estatuto adquirido por las revistas científicas en la atribución de prestigio a los investigadores mediante esa especie de traslación metonímica por la que las citas recibidas por la totalidad de los trabajos que publican en un determinado periodo (el factor de impacto) se convierte automáticamente en indicativo del valor y calidad de cada uno de ellos; ese impresionante estatuto de las revistas, decimos, explicaría que el interés por su análisis se haya centrado en la discusión y puesta a punto de indicadores (protocolos editoriales, visibilidad en bases de datos, opinión de los expertos, accesibilidad, etc.) que ayuden a ordenarlas en catálogos jerarquizados, los conocidos rankings de impacto (Giménez Toledo y Alcaín, 2006; Fonseca, 2011; Giménez Toledo, 2011; Baladrón y Correyero, 2012; Delgado y Repiso, 2013).
Las posibilidades de difusión científica personalizada abiertas por el nuevo entorno digital (repositorios institucionales, redes sociales académicas, etc.) estarían haciendo tambalear, en efecto, la privilegiada posición de gatekeeper de que secularmente habrían disfrutado las revistas en el sistema de distribución de conocimiento, pero el hecho de que sea ahora factible determinar el impacto específico de cada investigador, con el azaroso índice h a la cabeza (10) (De Pablos, Mateos y Túñez, 2013; Túñez, 2013; Gómez Calderón y Roses, 2015; Costa, 2017), no quita para que la valoración y el prestigio de los mismos vaya a seguir dependiendo de parámetros de este tipo. Y, habiendo perdido todo pudor, esa especie de fiebre del ranking acabará deparándonos listados ya no de revistas, sino de autores más y menos citados al modo de los que ya se estilan en otras disciplinas (Salgado y Páez, 2007), algo que quizá pueda alimentar la vanidad académica –o nutrir las pequeñas venganzas entre colegas, quién sabe–, pero que resulta ramplón como criterio para valorar con equidad el mérito y la influencia de los investigadores.
De vuelta a las revistas, lo cierto es que, ocupados en el juego de los rankings, la gestión de la visibilidad o las estrategias para optimizar esa práctica incipiente llamada márketing de investigación (Túñez, 2013, p. 54-55), estamos descuidando analizar sus trayectorias y contribuciones, un empeño de mayor enjundia del que andamos escasos en la investigación comunicativa española (García Galindo, 2013). Para colmar esa laguna, primero debiéramos dejar de concebirlas solo como carne de métrica científica para volver a interesarnos por la función institucional que desempeñan, o deberían al menos, en el ecosistema científico, que no es el de servir de meros canales para la difusión del conocimiento, sino el de liderar los debates epistemológicos y orientar la investigación en cada momento histórico. Y eso requiere restituirles la consideración de intelectual colectivo que nunca debieron perder, en vez de reducirlas al menos lucido papel de ser, solo, una productiva máquina de generar citas (11) .

El de la internacionalización de la comunidad científica quizá sea el efecto de los diversos “efectos ANECA” del que tengamos una constancia más rigurosa, al menos por lo que hace a la evolución de la presencia de los investigadores españoles en revistas especializadas editadas fuera de España, y especialmente en aquellas incluidas en bases de datos internacionales y en listados jerarquizados según su factor de impacto. Los datos de Fernández Quijada y Masip (2013) sobre los trabajos firmados por autores españoles entre 1980 y 2010 en revistas internacionales incluidas en el Social Sciences Citation Index (SSCI) y el Arts and Humanities Citation Index (AHCI) muestran una progresión lenta, con numerosos altibajos, durante los veinte años que van de 1986 –antes no hay registros– a 2006, en que se identifican 18 trabajos, el nivel más alto del ciclo. A partir de ese momento, la evolución es ya sostenida, con un punto de inflexión claro en 2009, con 60 artículos publicados, más del doble que el año precedente, con 28.
Aunque estos datos se refieren exclusivamente a las revistas incluidas en unas bases de datos en las que se hallan sobrerrepresentadas las publicaciones anglosajonas, no dejan de ser indicativos de un cambio de comportamiento en los investigadores españoles del ámbito de comunicación, que resulta tentador asociar a las condiciones establecidas por el sistema de recompensas armado en torno a los sexenios y, de manera generalizada desde 2008, a las acreditaciones del profesorado universitario. Los resultados de un trabajo sobre la presencia de autores españoles en las revistas no editadas en España incluidas en los catálogos de Comunicación de los JCR y de Scopus en la década 2003-2012 aportan evidencia adicional en el mismo sentido (Martínez Nicolás, 2014). Así, de las 196 aportaciones registradas, el 29% de ellas fueron publicadas entre 2003 y 2008, y el 71% restante corresponde ya al periodo de plena implantación del programa Academia, con un desfase tal en la progresión entre 2008 y 2009, en que los registros pasan de 19 a 41 artículos, que parece difícil no imputarlo al impacto de aquellas nuevas exigencias para la acreditación universitaria.
Este de la publicación por parte de autores españoles en revistas editadas fuera de España no es el único indicador bibliométrico para valorar la intensidad de la internacionalización de la investigación comunicativa española, y en esa misma dirección apuntarían, por ejemplo, el incremento de la colaboración entre investigadores españoles y extranjeros (Fernández Quijada y Masip, 2013, p. 19-20); o la presencia en las revistas españolas de autores que trabajan en otros países, aunque generalmente adscritos a universidades latinoamericanas (Escribà y Cortiñas, 2013, p. 39-40); o, en fin, la ya extendida familiaridad con la bibliografía internacional, aunque con ese curioso comportamiento que lleva a citarla con mucha mayor frecuencia (54,2% frente a 10,4% de las referencias) cuando se publica en una revista editada fuera de España que cuando se hace en otra editada aquí (Casado y Fernández Quijada, 2015, p. 80).
En cualquier caso, y por significativos que sean esos indicadores bibliométricos, una valoración adecuada de este proceso de internacionalización exige ampliar el foco más allá de la estricta producción científica, y, sobre todo, evitar el adanismo de suponer que se trata de un fenómeno reciente. En efecto, la difusión de los trabajos en circuitos internacionales (revistas, congresos, etc.) y la participación en equipos y proyectos de ese ámbito son factores fundamentales para la internacionalización de una comunidad científica, y en estos aspectos la posición ganada de diez años a esta parte probablemente no admita parangón con épocas precedentes. Pero la apertura internacional de la investigación comunicativa española tiene una larga historia que está en buena parte por reconstruir, y de la que debe ser un capítulo inexcusable la intensa actividad desplegada en el periodo de emergencia de este campo disciplinar en España para conectar internacionalmente a nuestra comunidad científica (12) .

Los cambios en el contexto institucional y en la estructura de la comunidad académica necesariamente han debido afectar a la orientación de la producción científica sobre comunicación en los últimos 25 o 30 años; es decir, a las prácticas, modos y opciones epistemológicas en la tarea de generar conocimientos en este campo disciplinar. Este es, sin duda alguna, el aspecto probablemente más controvertido y peor atendido del sistema de la investigación sobre comunicación en España, excepto por lo que hace a algunas de sus características más objetivables (formatos de publicación, redes colaborativas, etc.). Peor atendido, sobre todo, cuando se trata de obtener un cuadro epistemológico general (objetos de estudio dominantes, enfoques teóricos, perspectivas metodológicas, etc.), en donde la escasez de datos y las divergencias en las categorías empleadas en los trabajos disponibles dificultan la reconstrucción. Y controvertido, porque, a partir de esa evidencia empírica deficitaria, la indicación de cambios en las tendencias observadas y el señalamiento de los factores que podrían haberlas generado no dejan de ser ejercicios arriesgados. Con todo, y por imperfecto que pueda ser el resultado, es un riesgo que debemos comenzar a asumir.

El crecimiento de la publicación de trabajos en revistas españolas especializadas –los papers de la terminología anglosajona– ha seguido en el ámbito de la investigación comunicativa una progresión imparable desde los años 80. El censo más exhaustivo al respecto quizá sea el elaborado por Piñeiro (2016, p. 36) entre 1980 y 2013, en donde pueden apreciarse dos puntos de inflexión temporales claramente marcados, uno a partir de 1996, año en que los artículos publicados se duplican holgadamente con respecto a 1995 (de 125 a 265); y otro hacia 2008, en que se incrementan un 40% en relación a 2007 (pasando de 514 a 715). En el periodo 1980-1995, la media anual de trabajos en las revistas españolas de comunicación superó ligeramente los 63, con valores escasísimos, de en torno a la veintena, en los años iniciales (1980-1984), por razones obvias. El abrupto incremento registrado a partir de 1996 elevó esa media a 440 textos por año entre 1996 y 2007. Y entre 2008 y 2013, esa cifra prácticamente se duplica hasta alcanzar 800 artículos de media anual, no bajando en ninguno de los años de los 700 trabajos publicados solo en revistas editadas en España (13) . Es en este último periodo cuando culmina, sin duda, el triunfo de paper en la investigación comunicativa española.
A la hora de buscar una explicación a este comportamiento resulta de nuevo tentador asociar el cambio de tendencia registrado hacia mediados de los 90 con la multiplicación de los estudios de comunicación, con el consiguiente crecimiento de una comunidad científica que, especialmente en los nuevos centros especializados, crea revistas para dar salida a su producción científica. Y es igualmente tentador vincular el cambio de paso que se observa a partir de 2008 con la implantación del programa Academia de acreditación del profesorado y el valor que se otorga desde entonces justamente a la investigación difundida por medio de las revistas científicas. Un dato adicional que apunta en esa misma dirección es el relativo a la evolución del número de revistas sobre comunicación editadas en España entre 1980 y 2015 (14) . A las cinco cabeceras vivas en 1990 van agregándose en un proceso lento otras nuevas durante la década de los 90 hasta llegar a 29 en 2001. En 2002, coincidiendo con la creación de la ANECA, se observa un pequeño salto que eleva a 34 las que se editan ese año (cinco más que en 2001), y desde entonces sigue progresando a razón de una o dos anuales hasta 2009, cuando se alcanza la cifra de 45. En 2010, en que aparecen ocho, y en 2011, con otras diez (esto es, 19 en dos años, tantas como las fundadas en la década 2000-2009), ya a pleno rendimiento el programa Academia, el crecimiento es vertiginoso, situando el número de revistas de comunicación editadas en España en 2015 en los 69 títulos: un caldo de cultivo propicio, o justamente espoleado, por aquel triunfo del paper.
Evidentemente, el artículo no es el único formato utilizado por los investigadores para difundir los resultados de su trabajo, y convive con otros productos científicos (libros, comunicaciones a congresos, informes, literatura gris) que están siendo, en efecto, relegados a una posición subsidiaria en el ecosistema de la publicación científica por la posición preferente, cuando no dominante, que le ha conferido el sistema institucional de recompensas a la investigación científica instaurada por los sexenios y las acreditaciones (Soriano, 2008 y 2017) (15) . Pero al margen de esta cuestión, interesante sin duda, la reflexión quizá debiera orientarse más bien a determinar de qué manera el formato paper estaría efectivamente condicionando el modo en que se conduce la investigación sobre comunicación en España.
Aunque probablemente haya que refinar los indicadores, y sobre todo abastecerlas de una evidencia empírica más sólida y diversa, contamos con algunas sugerentes hipótesis al respecto. Entre nosotros ha planteado la cuestión de forma especialmente enérgica Goyanes (2015 y 2017), para quien la cultura del paper y el journal alimentada por aquel sistema de recompensas estaría potenciando una investigación estandarizada abocada a lo que el autor denomina isomorfismo; esto es, “el pensamiento colectivo de que haciendo todos lo mismo tenemos más razón” (Goyanes, 2017, p. 29), y que iría desde manifestaciones aparentemente menores, como la exigencia de encorsetar los textos en la fórmula IMRyD –una de esas “nuevas gramáticas” de la escritura académica a las que Sierra (2016) propone estar atentos–, hasta otras de mayor enjundia, entre ellas la hiperespecialización temática, el tribalismo científico, el fetichismo metodológico o, en fin, la burocratización de la actividad investigadora que tiende a consagrar el cultivo del paper.
Ciertamente, la concisión que exige el paper favorecería entre los investigadores esa hiperespecialización temática que les impulsa a resolver cualquier ínfima carencia en el conocimiento disponible –la detección de “lagunas” referida por Goyanes (2017, p. 57-65)–, movidos por una suerte de hybris que alimenta la formación de tribus académicas dedicadas a saber cada vez más sobre cada vez menos hasta llegar a saberlo absolutamente todo sobre nada. Esa “barbarie del especialismo” que ya advirtiera Ortega y Gasset hace casi un siglo, cuando no podía llegar a imaginar la envergadura que alcanzaría la “rebelión de las masas” académicas, viene ahora espoleada, además, por un negocio editorial, el de los journals, dispuesto a dotar a cualquiera de aquellas tribus de su correspondiente revista especializada. Este fin, este nuevo ecosistema estaría generando una comunidad científica en la que comienzan a abundar los erizos y a escasear los zorros (16) , y que, complaciente con aquel fetichismo metodológico que también denuncia Goyanes (2017, p. 39-48), parece estar abdicando del deber de reflexividad y de vigilancia epistemológica que exige el trabajo científico (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1973; Vassallo de Lopes, 1990) en aras de una mal entendida, pero bien premiada, productividad investigadora.

Las prácticas de investigación colaborativa que dan lugar a trabajos firmados por varios autores permiten determinar el grado de integración y la formación de redes epistémicas –generadas por orientaciones epistemológicas compartidas: objetos de estudio, teorías, métodos, etc.– en una comunidad científica, un propósito al que sirve también, por ejemplo, la reconstrucción de las redes académicas desplegadas en los tribunales de tesis doctorales (Repiso, Torres y Delgado, 2011a, 2011b y 2013; Casanueva y Caro, 2013). Esta es una cuestión a la que se ha dedicado poca atención en la metainvestigación comunicativa española, y se ha centrado, además, en el caso de los artículos firmados en revistas, que no agotan, obviamente, la diversidad de formatos (libros colectivos, comunicaciones a congresos, elaboración de informes, etc.) que puede adquirir la colaboración científica entre los investigadores.
Aunque tampoco es excesiva en este caso, la evidencia empírica disponible sobre la evolución del régimen de autoría de los trabajos publicados en revistas científicas indica un significativo aumento de las prácticas colaborativas en la investigación sobre comunicación en España, con un claro punto de inflexión en torno a 2008. Fernández Quijada y Masip (2013, p. 19-20) analizaron los artículos firmados por investigadores españoles en 43 revistas especializadas entre 1980 y 2013, y, en el caso de las publicaciones editadas en España, se observa que los trabajos de autoría única representaron aproximadamente el 85% de todos los publicados entre 1980 y 2007, una tendencia que se modifica claramente a partir de 2008 con un aumento continuado de los textos de autoría múltiple en los tres años siguientes. Entre 2007 y 2008, la investigación colaborativa pasa del 17% al 22%, y desde entonces no hace sino incrementarse para llegar a casi el 30% en 2010. Es decir, prácticamente se duplica esa modalidad de trabajo en un lapso de cuatro años, entre 2007 y 2010, rompiendo un patrón sin apenas variaciones en los 25 años anteriores. La pauta de publicación en las revistas internacionales fue mayoritariamente la de la autoría múltiple a lo largo de todo el periodo analizado por estos autores, aunque el volumen de trabajos hace especialmente significativo el comportamiento observado entre 2007 y 2010, con un incremento constante del porcentaje de textos firmados por varios autores, que va del 60,9% al 67,4% en el transcurso de esos cuatro años.
Un resultado similar se ha obtenido en un trabajo reciente sobre el periodo 1990-2014 en cinco revistas editadas en España (Martínez Nicolás, Carrasco y Martínez Fernández, 2017), en donde se aprecia un crecimiento lento, pero sostenido, de los trabajos en co-autoría entre 1990 y 2009, pasando de menos del 10% en el quinquenio 1990-1994 a algo más del 25% en el de 2005-2009, pero que son ya más de la mitad en los últimos cinco años (2010-2014). Aunque referido exclusivamente a la investigación publicitaria, Baladrón, Machado y Correyero (2017, p. 6) aportan un dato adicional sobre el impulso reciente a unas prácticas colaborativas que en este ámbito específico se dispara entre 2011 y 2015, situándose también en el entorno del 50% de los trabajos publicados en cada uno de los años de ese periodo.
La continuidad en la progresión de la investigación colaborativa publicada en revistas científicas desde 2008-2009 indicaría que estamos ante una tendencia consolidada, de la que puede inferirse un cambio estructural en una comunidad científica que habría ido ganando en los últimos años en integración y formación de las redes académicas. También aquí resulta tentador vincular la irrupción de estas prácticas de colaboración con las exigencias instauradas por los sexenios de investigación y las acreditaciones, siendo los primeros, los sexenios, un mérito fundamental si no para el acceso, sí para la promoción en la universidad española. Resultando, como decimos, tentador establecer esa relación, la tentación ha dado lugar a una especie de hipótesis cínica según la cual el incremento sustancial de los trabajos de autoría múltiple no sería reflejo tanto de la formación de redes académicas cuanto de un espurio intercambio de autorías. En efecto, siendo un objeto de valor tan demandado por el vigente sistema institucional de recompensas (sexenios, acreditaciones), sería ciertamente un desperdicio endosar a un único autor el beneficio que puede reportar la publicación en revistas científicas, máxime en unas circunstancias de severa competencia por acceder a ellas. En consecuencia, y según aquella hipótesis cínica, esa picaresca institucionalmente inducida habría azuzado el vigor que muestra la co-autoría en la investigación comunicativa española en los últimos años.
Es posible que estos intercambios de autorías (“yo te pongo, tú me pones”) puedan darse, cómo no. Pero antes de resolver la cuestión de modo tan expeditivo convendría reparar en algunos otros datos que puede ayudar a valorarla más adecuadamente. Con registros de 14 revistas españolas para los años 2007 y 2008, Fernández Quijada (2010, p. 564) todavía puede constatar que “la mayoría de las co-autorías pertenecen a la misma institución, siendo la colaboración interinstitucional un fenómeno poco frecuente [...]”. No obstante, algunos datos más recientes indican que esa pauta estaría modificándose claramente desde entonces. Todo y lo limitado de la muestra, en nuestro análisis sobre el régimen de autoría en cinco revistas españolas entre 1990 y 2014 (Martínez Nicolás, Carrasco y Martínez Fernández, 2017) se puede observar un cambio apreciable de tendencia en los últimos 15 años –los resultados no son significativos para la década de los 90–, en que los trabajos firmados por investigadores adscritos a diferentes universidades (interinstitucional) pasan del 6% en el quinquenio 2000-2004 a casi el 23% en 2005-2009, y a más del 34% en 2010-2014. Es decir, en los últimos años la tercera parte de la investigación colaborativa publicada en las revistas analizadas tendría un carácter interinstitucional, cuando no llegaba a uno de cada diez de los publicados solo una década antes. Por otra parte, los trabajos en colaboración generados a partir de proyectos financiados en ese mismo periodo de 15 años se incrementan lentamente del 8,6% en 2000-2004 al 11,5% en 2005-2009, para repuntar espectacularmente en el de 2010-2014 hasta el 27,6%, casi tres veces más que en el quinquenio anterior, coincidiendo, justamente, con el reconocimiento de Comunicación como campo específico del Plan Estatal de I+D+i y el crecimiento de los proyectos financiados en el área .
Frente a aquella hipótesis cínica del intercambio de autorías, estos datos indican que desde hace al menos una década la comunidad científica comprometida en el ámbito de comunicación estaría experimentando un riguroso proceso de integración, con la formación de redes multicéntricas, probablemente menos permeables a aquel intercambio espurio que las endógenas formadas en el seno de departamentos y facultades; y, sobre todo, con la organización de equipos de investigación, generalmente también multicéntricos, necesarios para planear y ejecutar proyectos de la envergadura conveniente para concurrir con éxito a las convocatorias más rentables en términos financieros y curriculares, las del Plan Estatal en España, o las de los diferentes programas europeos. Estos factores, en fin, debieran ser tomados en consideración si queremos valorar justamente el auge de la investigación colaborativa sobre comunicación en los últimos diez años.

El análisis del contenido, por así decir, de la producción científica en un determinado campo disciplinar puede tomar dos direcciones, y en ninguna de ellas se ha adentrado de manera decidida la metainvestigación comunicativa española. Una de esas vías, exigente y por lo general practicada sobre dominios o problemáticas específicas, se orientaría a valorar las aportaciones, debilidades y retos pendientes de la investigación realizada, proponiendo a partir de ahí alternativas heurísticas, de calado teórico o metodológico, para mitigar aquellas y encarar estos. Los trabajos de esta índole escasean en referencia a la investigación española sobre comunicación, y apenas sí contamos con unos cuantos sobre determinadas perspectivas teóricas (por ejemplo, Vicente y López Rabadán, 2009; Ardèvol, 2015; y Varela, 2016, sobre los estudios de framing) o ámbitos específicos (Martínez Nicolás, 2006, sobre periodismo; Almiron y Reig, 2007, sobre economía política de la comunicación; De Miguel, 2007 y García Jiménez, 2007, sobre sociología y teorías de la comunicación, respectivamente; Martínez Nicolás, 2007, sobre comunicación política; o Fernández Viso, 2012 y Marí, 2017, sobre comunicación para el cambio social).
La otra de esas direcciones, no menos exigente en su ejecución, tomaría a su cargo levantar acta del estado general de la investigación atendiendo a los diversos componentes epistemológicos que la constituyen: los intereses de conocimiento, u objetos de estudio, que atraen el esfuerzo de los investigadores; los enfoques teóricos desde los que se abordan; las modalidades de investigación –teórica, empírica– que frecuentan; y, en fin, los métodos y técnicas a los que recurren. Sobre esto también andamos escasos, cómodamente instalados en desvelar aquellos aspectos de la producción científica que saltan a la vista bibliométrica (pautas de autoría, universidades de procedencia, redes de investigadores, patrones de cita, uso de bibliografía, etc.) antes que en aquellos otros que exigen de la mirada interpretativa del experto en el campo (objetos de estudio, tipos de investigación, calidad metodológica, etc.). Aunque centrados en el análisis de la producción publicada en revistas científicas, también aquí disponemos de algunos trabajos valiosos (Castillo y Carretón, 2010; López Rabadán y Vicente, 2011; Martínez Nicolás y Saperas, 2011; Martínez Nicolás, 2014; Baladrón, Correyero y Manchado, 2014; Martínez Nicolás y Saperas, 2016; Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2016 y 2017; Piñeiro, 2016; Barranquero y Limón, 2017; Caffarel, Ortega y Gaitán, 2017), pero la disparidad de las categorías utilizadas para dar cuenta de aquellos componentes epistemológicos dificultan la tarea de reconstruir las características de la investigación comunicativa española en los últimos 25 o 30 años. A pesar de ello, nos arriesgaremos a exponer algunas de esas orientaciones generales.

La diversidad interna adquirida por la comunidad científica con la autonomización de las titulaciones de Comunicación a comienzos de los 90 (véase supra) habría resultado en un impulso a la investigación sobre aquellos ámbitos comunicacionales o mediáticos, como la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación corporativa, y la comunicación audiovisual, tradicionalmente relegados a una posición subsidiaria en relación con la atención dispensada al campo periodístico. Los datos de Castillo y Carretón (2010, p. 311) para el año 2008 apuntan todavía al periodismo como “temática” predominante en diez revistas españolas (22,3% de los textos), muy por delante de los dedicados a la televisión (13,7%), la publicidad (9%) o las relaciones públicas (7,4%). Pero los resultados obtenidos del análisis de una muestra de 1.000 artículos firmados por investigadores españoles en cinco revistas especializadas editadas en España (Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2016 y 2017) indican la progresiva diversificación de esos intereses de conocimiento en los últimos 25 años. De los trabajos registrados en el quinquenio 1990-1994 (en las dos únicas revistas activas entonces de las cinco seleccionadas), el 70% estudian cuestiones relacionadas con el periodismo, una proporción que comienza a decaer de manera imparable desde mediados de los 2000 (lustro 2005-2009) para situarse en poco más del 40% en el periodo final (2010-2014), en donde los artículos sobre comunicación audiovisual representan ya la cuarta parte de lo publicado, y los referidos a la publicidad y las relaciones públicas un 20% en conjunto. Una tendencia similar se observa en los trabajos de autores españoles en revistas internacionales incluidas en JCR y Scopus entre 2003 y 2012 (Martínez Nicolás, 2014). En torno al 25% de los publicados en 2012 abordaban el periodismo, pero más del 42% estudiaban aspectos de la comunicación audiovisual, la publicidad o las relaciones públicas, con un peso destacadísimo de esta última (el 20% de los textos internacionales en ese año). En la última década, además, la investigación española se ha mostrado especialmente atenta a los nuevos fenómenos generados por el advenimiento de internet y el proceso de digitalización, de lo que se ocupaban el 8,2% de los artículos registrados por Castillo y Carretón (2010, p. 311) en revistas españolas en 2008, pero que sumarían ya casi el 20% en el periodo 2008-2014 (Martínez Nicolás y Saperas, 2016, p. 1373), un dato similar al obtenido para 2012 en las revistas internacionales (Martínez Nicolás, 2014), donde los trabajos de autores españoles centrados en ese entorno digital representaron casi el 25% de los publicados. En definitiva, todo parece apuntar a una progresiva diversificación de los intereses de conocimiento de una comunidad científica que ya no vuelca su esfuerzo prioritaria ni predominantemente en la investigación periodística.

Al margen de los ámbitos comunicacionales o mediáticos (periodismo, publicidad, relaciones públicas y comunicación corporativa, comunicación audiovisual, internet) atendidos por los investigadores, la ponderación adecuada de los intereses de conocimiento requiere, cuanto menos, observar también los elementos del proceso comunicativo –o del sistema de la comunicación, si se quiere– que son objeto específico de estudio: profesionales, empresas y mercados, contenidos, tecnologías, audiencias, efectos, u otros aspectos de carácter reflexivo como la docencia o la propia investigación sobre comunicación. Lamentablemente, estas categorías analíticas, necesarias para responder a la pregunta básica de qué se investiga en una determinada disciplina (Martínez Nicolás y Saperas, 2011, p. 108), no parecen haber calado en la metainvestigación comunicativa española, y poco puede decirse al respecto con el respaldo de una evidencia empírica suficiente. En cualquier caso, la escasa disponible (Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2016) indica una indudable centralidad del estudio de los contenidos mediáticos, que suele adquirir la forma, muy generalizada, de análisis de los discursos periodísticos (coberturas o tratamiento informativo grupos poblacionales –jóvenes, inmigrantes, colectivos marginados–, coyunturas –crisis sanitarias, conflictos, elecciones–, ámbitos –política, economía, justicia–, fenómenos –violencia de género, cambio climático, etc.), pero también de otros productos mediáticos (anuncios publicitarios, series de televisión, cine, documentos en plataformas o foros digitales, etc.). Los datos obtenidos por Zugasti (2013, p. 69) de siete revistas españolas entre 2002 y 2012 corroboran esa misma tendencia en el campo específico de la historia de la comunicación, en el que casi el 40% de los textos publicados eran estudios sobre el “mensaje”. Pero lo más significativo al respecto quizá sea que esa primacía del interés de los investigadores españoles por el análisis de los contenidos haya ido acrecentándose con el tiempo, provocando el decaimiento relativo de la atención dispensada a otros elementos del proceso comunicativo (Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2016). Así, a comienzos de la década de los 90 (quinquenio 1990-1994), cuatro de cada diez artículos en las revistas españolas analizadas trataban sobre contenidos mediáticos, pero cinco de ellos se centraban en aspectos relacionados con los ámbitos empresarial (funcionamiento de las organizaciones, estructura de los mercados, políticas públicas sectoriales, etc.) y profesional (procesos de producción, cuestiones éticas y deontológicas, perfiles laborales, asociaciones corporativas, etc.). Desde comienzo de los 2000, los registros sobre estos objetos van separándose de manera acelerada, y en el periodo más reciente, el quinquenio 2010-2014, los trabajos sobre contenidos son ya seis de cada diez textos publicados, y los referidos a empresas y profesiones de la comunicación, solo dos, al mismo nivel que los estudios sobre audiencias y procesos de recepción, que repuntan en esta última etapa desde una presencia casi testimonial en las dos décadas precedentes. En consecuencia, los datos apuntan a una investigación que, centrada básicamente en generar conocimiento sobre la dimensión discursiva de la comunicación, estaría desatendiendo sus dimensiones institucional (empresas, mercados, profesiones, políticas públicas, etc.) y social (audiencias, recepción, efectos e influencia de la comunicación), en una deriva contenidista que no parece sino acelerarse desde mediados de los 2000 (véase Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2017, p. 159, específicamente para la investigación periodística).

Un decaimiento similar se observa en la investigación teórica (dirigida a la discusión de conceptos, teorías y métodos, o a la presentación de estados de la cuestión sobre objetos o dominios determinados) en los últimos 25 años, en que la orientación empírica de la investigación española sobre comunicación se ha reforzado notablemente (Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2016, y 2017 para el caso del periodismo). Según los resultados obtenidos en estos trabajos, durante los 15 años transcurridos entre 1990 y 2005, los artículos en que se abordan problemáticas teóricas representaban todavía en torno al 30% de los publicados, pero prácticamente desaparecen de las cinco revistas españolas analizadas en la última década, en que son ya solo uno de cada diez. Metodológicamente, se aprecia en esos trabajos empíricos una tendencia fuerte a la adopción de las técnicas estándares en las ciencias sociales, sean cuantitativas o cualitativas, en detrimento de la investigación apoyada en el análisis de fuentes documentales (archivos históricos, cuerpos de doctrina legislativa o legal, códigos éticos , informes políticos o empresariales, etc.), que hasta inicios de los 2000 había sido el procedimiento dominante para generar datos empíricos en la investigación comunicativa española. Desde ese momento, predominan los trabajos que recurren a esas técnicas estándares (análisis de contenido o discursivo, encuesta, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, etc.), con una preferencia clara por la investigación cuantitativa, que supone ya algo más de la mitad de los artículos empíricos publicados en el quinquenio 2010-2014, muy por encima del 20% que utilizan técnicas cualitativas. Resultados prácticamente idénticos obtuvieron Castillo y Carretón (2010, p. 313) para el año 2008, en que casi el 54% de la muestra seleccionada eran estudios cuantitativos y solo poco más del 20%, cualitativos. Zugasti (2013, p. 71), en cambio, indica que en los estudios sobre historia de la comunicación “el enfoque cualitativo supera abrumadoramente al cuantitativo” (casi el 86% de los incluidos en siete revistas españolas entre 2002 y 2012), pero quizá eso se deba, como ya advertimos en su momento (Martínez Nicolás y Saperas, 2011, pp. 119-120), a la propensión a considerar como investigación cualitativa toda aquella que no recurra explícitamente a técnicas empíricas cuantitativas. Ciertamente, ese tipo de trabajo no puede relegarse a una especie de orfandad metodológica (ni cuantitativos, ni cualitativos), razón por la cual hemos propuesto clasificarlos como investigación apoyada en fuentes documentales, siempre y cuando tales fuentes estén debidamente identificadas y sean rigurosamente explotadas. Como quiera que sea, la impronta cuantitativista parece firmemente asentada en la investigación comunicativa española de 15 años a esta parte, con un alza espectacular en la última década, desde mediados de los 2000.

En uno de los escasos trabajos dedicados a evaluar específicamente los “abordajes metodológicos” de la investigación comunicativa española, López Rabadán y Vicente (2011) analizan los métodos utilizados en los artículos publicados entre 2000 y 2009 en cuatro revistas españolas especializadas, y constatan que en el 43,8% “no es posible localizar ningún tipo de referencias a cómo se realizó la investigación”, y que solo el 23,8% incluía “un capítulo detallado sobre metodología” y el 32,5% “incorpora alguna referencia, de forma puntual, sobre estos aspectos” (López Rabadán y Vicente: 2011, p. 9). Aunque con una perspectiva temporal más reducida, solo en referencia a 2008, Castillo y Carretón (2010, p. 313) observan que “sorprende que en un 23,9% de los artículos no exista método alguno”. Existe, por tanto, una evidencia más o menos sólida de que la investigación empírica sobre comunicación en España habría estado incurriendo en severas carencias metodológicas, que detectamos también en un análisis sobre revistas españolas en una cata de años entre 1998 y 2007 (Martínez Nicolás y Saperas, 2011, p. 19). No obstante, si atendemos a la evolución de este parámetro, hay razones para sostener que esa situación anómala habría comenzado a corregirse desde mediados de los 2000 (Martínez Nicolás, Saperas y Carrasco, 2016). Los datos obtenidos de los artículos publicados por investigadores españoles en cinco revistas editadas en España indican, agrupados en quinquenios, que durante la década de los 90 la relación entre los trabajos metodológicamente deficientes y los indiciariamente solventes se mantuvo inalterada con registros del 45% y el 55%, respectivamente. En el quinquenio 2000-2004 se aprecia un ligero cambio de tendencia, que se confirma ya plenamente en la última década, en que los artículos con insuficiencias básicas de esta índole descienden al 27,9% en el periodo 2005-2009 para situarse en el 13,9% en la etapa más reciente (2010-2014). Se trata, decíamos, de una mejora metodológica indiciaria, en cuya valoración se tuvo en cuenta exclusivamente que los trabajos empíricos recurriesen o no a alguna técnica estandarizada (análisis de contenido, encuesta, grupos de discusión, observación directa, etc.) o siguiesen los protocolos adecuados en el análisis de fuentes documentales, sin entrar a evaluar, en el caso de las primeras, la corrección o no de su aplicación de acuerdo con los procedimientos establecidos por la literatura metodológica. En cualquier caso, y aunque solo sea con ese carácter indiciario, los escasos datos disponibles van revelando el afanoso esfuerzo de los investigadores españoles sobre comunicación por adecuar sus trabajos a estándares metodológicos cada vez más exigentes.

La revisión de lo acontecido en la investigación española sobre comunicación en los últimos 30 años nos devuelve la imagen de un periodo en el que se ha producido una profunda transformación del entramado institucional en que se apoya la actividad científica en este campo, con dos claros puntos de inflexión, uno al inicio del mismo, con la promulgación de la LRU (1983), que inicia un proceso genuino de modernización de la universidad en España, y otro hacia mediados de la primera década de los 2000, tras la implantación (2002) y generalización (2008) del sistema de acreditaciones para el acceso y promoción a los cuerpos docentes universitarios que requieren de mayor exigencia investigadora. Estos cambios institucionales de carácter general, acompañados de otros que afectaron específicamente al ámbito de comunicación (multiplicación de la oferta de los estudios universitarios, autonomización de las titulaciones, reconocimiento de Comunicación en el Plan Estatal de I+D+i), habrían ido dejando una impronta clara en la estructura y las características de la comunidad académica, y también en la orientación que ha ido tomando la producción científica sobre comunicación en España. Y eso, con una pujanza tal que, a la luz de los datos ahora disponibles, probablemente habría que revisar la periodización propuesta sobre la evolución de la investigación comunicativa española (Martínez Nicolás, 2008) para situar hacia mediados de los 80, con el impulso de la LRU, el inicio de una etapa que, con indudables inercias heredadas del momento fundacional de la disciplina en España, supuso una profunda renovación (expansión de la institucionalización secundaria de la comunidad científica, conexión con tradiciones y líneas de trabajo internacionales, etc.) que se prolongará durante veinte años, hasta mediados de la primera década de los 2000. Desde entonces, la evidencia empírica que hemos ido atesorando en los últimos años de intensa metainvestigación apunta a un cambio de ciclo. Siendo este el estado de cosas, la cuestión pertinente es dirimir hacia dónde estaría transitando desde entonces la investigación sobre comunicación en España.
Ese cambio de ciclo nos habría deparado una comunidad científica más diversificada, con una consistente incorporación de las mujeres a la actividad investigadora en este ámbito , y que dispone ya, a tenor del ritmo de crecimiento de las tesis doctorales, de una masa crítica suficiente para el desarrollo del campo, aunque las oportunidades de profesionalización en el mismo hayan ido menguando por la acción fatalmente combinada de los recortes financieros aplicados a la universidad y el recrudecimiento de los requisitos de acceso, con el trasfondo, todo ello, de las imperturbables apelaciones a la excelencia, la calidad o la innovación características del gerencialismo neoliberal a la que tan afectos parecen ser los gestores de la política universitaria en España (Girotto, Mundet y Llinàs, 2013; Quirós, 2016). En el plano estrictamente epistémico, aquel cambio de ciclo parece apuntar a una investigación también más diversificada en sus intereses tras el largo predominio de la tradición periodística en España, y bien dispuesta a generar conocimientos sobre los cambios inducidos por la irrupción de internet y la digitalización en todos los sectores de la vida social contemporánea, un interés que nos sitúa, sin duda, en una posición privilegiada en el campo general de las humanidades y las ciencias sociales. Y apunta asimismo, y de manera especialmente valiosa, a una mejora en el rigor de la investigación que estamos haciendo, con derivas que habrían de corregirse, en efecto (el sesgo contenidista, el casi monocultivo metodológico del análisis de contenido cuantitativo, el escaso recurso a técnicas para la obtención de datos de fuentes vivas –encuesta, diseños experimentales, grupos de discusión, observación directa, etc.–), pero que demuestra cada vez más ser capaz de hacerse un hueco en el ecosistema internacional de la difusión del conocimiento (revistas, congresos, proyectos, etc.). Y todo eso, en fin, aun a costa de estar sucumbiendo, o quizá solo convergiendo, con un estándar científico internacionalmente impuesto (Carrasco y Saperas, 2014 y 2016).
Es posible que este estado de cosas, en el que llevaríamos sumidos no más de diez años, esté anunciando el advenimiento de una nueva cultura científica en la investigación española sobre comunicación, en cuyo despegue se hallarían especialmente comprometidas las generaciones más jóvenes, impelidas a hacer de la investigación un modus vivendi, una especie de rutina necesaria en ese entorno viciado por la hipertrofia competitiva que alimenta el sistema de recompensas establecido. Pero en la medida en que vayamos interiorizando que no hay más horizonte para los investigadores que el de incrementar la productividad, buscar el impacto o escalar en los rankings, iremos dando forma a una comunidad científica en la que, seguro, abundarán los buenos profesionales, técnicamente impecables, pero en donde probablemente acabemos echando en falta una actitud intelectual más ambiciosa que haga de la investigación comunicativa una actividad volcada en la crítica y la intervención social, y no un ejercicio huero destinado a acumular saberes cada vez más inanes.

Manuel Martínez-Nicolás: Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Miembro del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación (http://www.geac.es) y docente en el Máster en Investigación Aplicada a la Comunicación de la URJC. Director del Grupo de Trabajo en Historia de la Investigación sobre Comunicación de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, e Investigador Principal del proyecto 25 años de investigación sobre comunicación en España (1990-2015), financiado por el Plan Estatal de I+D+i.
manuel.martinez.nicolas@urjc.es
Índice H: 15
Orcid ID: http://orcid.org/0000-0002-3949-2351
Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=7cc-OLIAAAAJ&hl=es

(1) Documentos disponibles en http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA: “Criterios de evaluación [NOVIEMBRE 2016]” y “Criterios de evaluación [NOVIEMBRE 2017].

(2) Aún más, puede incluso que haya alternativas de evaluación perfectamente viables. Véase al respecto, Ibarra, Castro y Barrenechea, 2006; y Valero, Jiménez García y Coca, 2013.

(3) Desde su implantación, se han sucedido, por tanto, ocho planes estatales para los cuatrienios 1988-1991, 1992-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011, 2013-2016 y 2017-2020. El plan modificó la denominación original establecida en la Ley de Ciencia de Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Plan Nacional de I+D) por la de Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i) desde el cuarto, elaborado para el periodo 2000-2003. Con la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 2011 (Ley 14/2011), que reemplazaba a la anterior de 1986, se instituye el desde entonces vigente Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (el actual Plan Estatal de I+D+i), cuyo primer plan cuatrienal fue el correspondiente al periodo 2013-2016. La sustitución del anterior Plan Nacional por el actual Plan Estatal para adecuarlo a la Ley de Ciencia de 2011 hizo que la convocatoria de 2012 se rigiese todavía por las disposiciones del sexto plan (2008-2011). El retraso acumulado en la entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación, prevista en aquella ley de 2011 pero creada a finales de 2015 (Real Decreto 1067/2015), y plenamente operativa solo desde comienzos de 2017, explica que la última convocatoria, de 2017, para la financiación de proyectos de investigación se acogiese todavía a las directrices del plan 2013-2016, pues el octavo, y actualmente vigente (para el periodo 2017-2020), fue publicado en diciembre de 2017, una vez cerrada la convocatoria de ese año.

(4) En el caso de Humanidades y Ciencias Sociales, por ejemplo, las de Derecho, Economía, Educación, Psicología, Historia o Ciencias Sociales, entre otras; incluyendo en esta última subáreas como Sociología o Ciencia Política.

(5) Las cifras que damos a continuación proceden de la combinación de los datos aportados por García Jiménez (2006, p. 159-160), los generados por el proyecto MapCom para el periodo 2007-2013 (http://www.mapcom.es/bases-de-datos) y los obtenidos directamente del Plan Estatal de I+D+i (http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/).

(6) Jones, Baró, Landa y Ontalba (2000, p. 23) ofrecen datos sobre la evolución de las tesis doctorales sobre comunicación defendidas en las universidades españolas entre 1926 y 1998, con un cómputo total de 1.550 que López Escobar y Martín Algarra (2017, p. 98) discuten porque incluye las anteriores a 1979, año de la primera tesis presentada en una facultad de Ciencias de la Información, defendida por Ángel Faus Belau en la Universidad de Navarra, y porque, además, recoge “algunos centenares [que] se realizaron en facultades de otras especialidades”. La discrepancia reside, obviamente, en el criterio “temático” seguido por los primeros, y el “institucional” que prefieren los segundos. Aquí nos atenemos a las cifras dadas por López Escobar y Martín Algarra para mantener la coherencia de los datos que aportan, en los que depuran el número de tesis defendidas entre 1979 y 1998 en función de ese criterio “institucional”, y amplían la información al periodo 2007-2013.

(7) Datos obtenidos a partir de la explotación de la base de datos de proyectos de investigación y tesis doctorales generada por el proyecto MapCom para el periodo 2007-2013 (http://www.mapcom.es/bases-de-datos).

(8) Para unos breves apuntes sobre los años 80, véase http://ae-ic.org.es/la-asociacion/historia/. Por lo que hace a las asociaciones especializadas, nos referimos concretamente a la Sociedad Española de Periodística (1990), la Asociación Española de Historiadores de la Comunicación (1992), la Asociación de Educomunicadores (2000), la Asociación Española de Relaciones Públicas (2004), la Asociación de Comunicación Política (2008) y la Asociación Española de Comunicación Sanitaria (2013). Entre las segundas, las de carácter genérico, se encontrarían la Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación (2000), la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación (2007) o la Sociedad Latina de Comunicación Social (2009), seguramente entre otras.

(9) Véase http://www.mapcom.es/media/files/interactivo_mapa_grupos/index.html

(10) Aunque utilizado también por bases de datos como Web of Science, responsable de los JCR, y Scopus, la “revolución” del índice h personalizado llega con la puesta a punto de Google Scholar Metrics, que rastrea en internet las citas recibidas por los trabajos ahí publicados. No obstante, la capacidad de los algoritmos para localizar esas citas depende del cuidado de los propios investigadores a la hora de normalizar su firma de autoría para que los textos puedan serles endosados por el buscador, y de mantener depurados sus perfiles para evitar las falsas atribuciones debidas a la coincidencia en nombres, apellidos o iniciales. Y eso al margen, obviamente, de la imposibilidad de que esos algoritmos puedan localizar todo aquello que no esté disponible en el entorno digital.

(11) De origen gramsciano, utilizamos aquí el término intelectual colectivo en el sentido en que lo hizo José Luis López Aranguren en “El País como empresa y como ‘intelectual colectivo’”, publicado en el diario El País el 7 de junio de 1981.

(12) Quizá merezca una mención especial entre estas acciones la organización en España de los congresos de la IAMCR-AIERI de 1968 (Pamplona) y 1988 (Barcelona), en momentos decisivos para impulsar la investigación en este campo, y que representan los primeros pasos de una continuada participación española en asociaciones científicas internacionales (Vicente, 2017). Junto a la primera generación de profesores de las facultades de Ciencias de la Información (de manera destacada, Ángel Benito y Miquel de Moragas, cuya selección de textos en Sociología de la comunicación de masas (Barcelona: Gustavo Gili, 1985) contribuyó decisivamente a difundir en España las distintas tradiciones internacionales –funcionalismo, semiótica, economía política, comunicación para el desarrollo, estudios culturales, etc.); junto a esa primera generación, decimos, un personaje clave en esa tarea fue José Vidal Beneyto (1927-2010). Desde su contribución activa al Research Committee on Communication, Knowledge and Culture de la Internacional Sociological Association (ISA), comité que presidiría entre 1974 y 1990, con juntas directivas de las que formaron parte, entre otros, Kurt Lang, Marino Livolsi, Elihu Katz, Denis McQuail, Tamas Szecsko, Lothar Bisky o Peter Dahlgren (http://www.rc14-isa.com/history), Vidal Beneyto se convertirá en un infatigable impulsor de la investigación comunicativa en España, cuyo primer hito probablemente fuese la organización en julio de 1979 del Simposio Internacional Industria de la cultura y modelos de sociedad, celebrado en Burgos con la participación de todo aquel que tuviese algo que decir en la investigación sobre comunicación en ese momento (puede consultarse el programa en http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/53126/JVB1030.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Agradezco a Enrique Bustamante la indicación de que Vidal Beneyto es, como decía, un personaje clave de esta historia (entrevista personal, 13 de febrero de 2017), y a Rebeca Martínez Fernández, becaria del proyecto INCOMES-25, la localización de los documentos sobre el Simposio Internacional de 1979.

(13) Una tendencia similar puede observarse en los datos aportados por Fernández Quijada y Masip (2013, p. 18) para el periodo 1980-2010.

(14) Los datos que damos a continuación proceden de Fernández Quijada y Masip (2013, p. 22), revisados y actualizados hasta 2015 con la información del Observatorio de Revistas Científicas de Ciencias Sociales para el área de Comunicación (http://www.observatorioderevistascientificas.com/index.php/revistas/comunicacion).

(15) En cualquier caso, una valoración adecuada de ese ecosistema de la publicación científica requeriría de una adecuada ponderación de todas las especies que lo habitan. Así, por ejemplo, habría que valorar la tendencia reciente a publicar “libros” de comunicación (y también monográficos o números especiales en revistas, por cierto) directamente surgidos de las contribuciones a congresos y reuniones científicas, y que no dejan de ser, por tanto, más que una mera colección de papers, con los agravantes, por lo general, de una escasa exigencia en la selección inicial de unas aportaciones sobre las que se decide a partir de un escueto resumen (abstract en la jerga), y de que son editados previo pago de los costes por parte de los propios autores, que simplemente compran un sello editorial para difundir “libros” sin control de calidad externo alguno mediante una conveniente revisión por parte de expertos. Por lo que respecta a la literatura gris, debe saludarse la insistencia de algunos investigadores en que la producida en el ámbito académico no agota la investigación científica sobre comunicación realizada en España (Gaitán, 2014; Soriano, 2017).

(16) Véase José Ortega y Gasset: La rebelión de las masas (1929), capítulo XII, “La barbarie del ‘especialismo’”. La alusión a erizos y zorros procede de la conocida distinción propuesta por Isaiah Berlin en su ensayo El erizo y el zorro (1953), en donde identifica dos actitudes y comportamientos humanos, especialmente en el ámbito intelectual, los de quienes saben de muchas cosas (los zorros), y los de aquellos que saben mucho, pero de una sola cosa (los erizos).