. El debate pol�tico como patrimonio p�blico. Revista Latina de Comunicaci�n Social, 62_files/piralatina.gif)
|
Revista
Latina de Comunicaci�n Social 61 enero � diciembre
de 2006 |
|
Edita: LAboratorio de Tecnolog�as de la Informaci�n
y Nuevos An�lisis de Comunicaci�n Social |
|
FORMA
DE CITAR ESTE TRABAJO EN BIBLIOGRAF�AS, SEG�N LA APA: [Revisor/ra: En tiempos de manifiesta descapitalizaci�n del patrimonio p�blico resulta estimulante la reivindicaci�n del debate pol�tico como tal. Esta posici�n es un gesto de rebeld�a cr�tica, s�lidamente argumentada por el autor de estas p�ginas, y que brota de su conocimiento de la experiencia pol�tica mexicana.Sus conclusiones, sugerencias o propuestas son un est�mulo en este sentido, ya que aportan al debate sobre el alcance democr�tico de la actividad pol�tica en su faceta comunicativa un esp�ritu pedag�gico y c�vico, tan original como necesario, que estoy seguro ser� de inter�s para los lectores de Revista Latina de Comunicaci�n Social.] El debate pol�tico como patrimonio p�blico The political debate as public patrimony
Dr.
Jos� Cisneros Espinosa � [C.V.] Resumen:
En el presente art�culo se hace una serie de cr�ticas al
manejo actual de la comunicaci�n pol�tica apoyadas en el
concepto de democracia colectivista. Este concepto basado en la teor�a
pol�tica inglesa, ha sido propuesto y desarrollado en M�xico
por el Dr. David Mena Alem�n, investigador de la Universidad de
las Am�ricas, Puebla, y se retoma aqu� como eje de an�lisis
para contrastar la publicidad pol�tica con la concepci�n
participativa de la comunicaci�n pol�tica enfocada a la
toma de decisiones colectivas. Finalmente, en las conclusiones, el autor
del art�culo destaca dos sugerencias del Dr. Mena: concebir las
campa�as pol�ticas como campa�as educativas, y considerar
al debate pol�tico como patrimonio p�blico. Abstract: The following article establishes a critique to the prevalent conception of political communication by focusing on the concept of collective democracy, which is drawn from English political theory. This approach, proposed by David Mena PhD., a researcher from Universidad de las Americas, Puebla, in Mexico, is applied here to contrast the concept of political marketing with the notion of communication as a model for political participation through collective decision-making. Finally, in the conclusive section, the author emphasizes two ideas pointed out by Mena: first, the design of political campaigns as education promotion, and second, the notion of the political debate as a public good. Key Words: Communication � Democracy � Politics � Public � Citizenship Sumario: 1. Presentaci�n. 2. Teor�a pol�tica. 3. Comunicaci�n pol�tica. 4. Conclusiones. 5. Bibliograf�a. 6. Notas Summary: 1. Presentation. 2. Political theory. 3. Political Communication. 4. Conclusions. 5. Bibliography. 6. Notes
Para quienes no somos especialistas en teor�a pol�tica, es necesario apoyarnos en quienes conocen el tema desde esa �ptica, y en el caso del presente texto, retomaremos espec�ficamente los aportes que el Dr. David Mena Alem�n [1] hace en su libro La concepci�n colectivista de la democracia. Las razones para esta elecci�n son b�sicamente: su claridad conceptual en el �rea pol�tica, as� como sus distinciones entre las pr�cticas publicitarias y las informativas, y entre las declaraciones propagand�sticas y el aut�ntico debate pol�tico. Lo cual nos ayuda a precisar un poco m�s estos t�rminos que en nuestros d�as pretenden homologarse bajo la ambigua categor�a de comunicaci�n pol�tica. Por ello, a lo largo de este trabajo se revisar�n diferentes conceptos expuestos por el Dr. Mena en su libro, para relacionarlos con el an�lisis de la comunicaci�n pol�tica actual. As�, iniciar� el art�culo con el establecimiento de algunos conceptos b�sicos de la teor�a colectivista de la democracia, contrast�ndolos con la situaci�n pol�tica reciente en nuestro pa�s, para luego centrarme en el an�lisis de la comunicaci�n pol�tica y concluir con dos sugerencias al respecto. 2. Teor�a pol�tica En cuanto
a la teor�a colectivista de la democracia, son tres los planteamientos
generales o ejes sobre los que el Dr. Mena desarrolla su propuesta: Como elementos m�s espec�ficos, es importante considerar que existen bienes irreductiblemente colectivos, que son actitudes y/o conductas indispensables para asegurar la continuidad de la comunidad pol�tica y las decisiones realmente colectivas. A saber: 1. Informaci�n
veraz. De no darse estas actitudes y conductas, se pone en riesgo el desarrollo de la sociedad como una comunidad pol�tica y, por supuesto, no se dan las decisiones colectivas, sino la imposici�n de decisiones de los pocos que tienen el respaldo legal para hacerlo. En estas circunstancias, la sociedad realmente democr�tica llega a ponerse en duda, que es lo que hoy d�a, al parecer, ha venido ocurriendo con los principales actores pol�ticos ligados al poder presidencial. Dice el Dr. Mena que �... el deterioro de la calidad de los procesos pol�ticos e instituciones constituye un problema serio para el hombre de estado� (Mena, 2005, 47), lo cual nos llevar�a a pensar que, en la situaci�n actual de uso faccioso de las instituciones, no tenemos propiamente hombres de estado, sino �nicamente individuos en el poder. Y por tanto es urgente un mayor involucramiento de la ciudadan�a para garantizar la continuidad de la comunidad pol�tica. Por otra parte, y en tanto una democracia no es tal sin decisiones colectivas, conviene hacer algunas distinciones importantes respecto de los intereses de la mayor�a ciudadana. De
acuerdo al Dr. Mena, existen claras diferencias conceptuales respecto
a los intereses sociales. A saber: Es lo que interesa a cada uno de los individuos, pero que no exige necesariamente el acuerdo colectivo. Por ejemplo, la necesidad de tener empleo o vivienda. En tanto estas necesidades se cumplan de alg�n modo, no se requiere de intercambios colectivos. Inter�s colectivo: Se refiere a lo que interesa al conjunto de individuos, no a cada uno por separado: Son los requerimientos de la comunidad pol�tica como tal. Por ejemplo, decidir qui�nes ser�n los representantes de todos, y/o el tipo de gobierno que se quiere como totalidad ciudadana. Inter�s p�blico: Inter�s
de la colectividad. Por ejemplo, la protecci�n El inter�s p�blico tiene una lectura ligeramente diferente, puesto que evidentemente se trata de bienes colectivos, pero operativamente pueden ser manejados por algunos grupos en nombre de la colectividad, y ello puede inducir m�ltiples sesgos en el proceso, como es el caso de la privatizaci�n del petr�leo (PEMEX) o del seguro social (IMSS). De ah� la necesidad de fundamentar adecuadamente cualquier decisi�n sobre los bienes de inter�s p�blico. El problema de una democracia formalmente representativa pero cuyos representantes se distancian de la colectividad, es que pueden llegar a tomar decisiones que van realmente en contra de dicha colectividad, como los casos mencionados de PEMEX o el IMSS en nuestro pa�s, o la venta que se hizo de Tel�fonos de M�xico (TELMEX), uno de los bienes de inter�s p�blico m�s rentables que se ten�a aparte del petr�leo. En cuanto a las instituciones democr�ticas, dice el Dr. Mena: De generosidad y responsabilidad est�n hechas las instituciones y cada generaci�n debe, en alguna medida, mostrar esas virtudes para asegurar la transferencia del patrimonio institucional a la generaci�n que sigue (Mena, 2004, 42). De esta manera se formaron en nuestro pa�s, efectivamente, instituciones como las mencionadas antes y otras m�s. PEMEX, por ejemplo, surgi� con la colaboraci�n incluso material de los ciudadanos mexicanos cuando el presidente L�zaro C�rdenas decidi� expropiar esa industria a compa��as extranjeras. Lo mismo ocurri� con Ferrocarriles Nacionales (FERRONALES). Sin embargo, los funcionarios pol�ticos actuales parecen leer la consigna al rev�s: Proponen escamotear esas empresas p�blicas a la siguiente generaci�n, entregarlas al inter�s privado y desentenderse de las futuras carencias. Ya lo han hecho con TELMEX y FERRONALES y lo est�n haciendo poco a poco con PEMEX. Es decir, operan la generosidad y la responsabilidad en beneficio de particulares. En congruencia con la situaci�n anterior, el Dr. Mena asume que el conflicto en una organizaci�n democr�tica es permanente (60), por lo que los procesos de resoluci�n de esos conflictos deben implicar a la colectividad de ciudadanos de manera abierta y plural. Por tanto es fundamental considerar a la ciudadan�a como funci�n p�blica (63), pues sin la participaci�n ciudadana no existe en la realidad una sociedad democr�tica. Y esta idea puede ejemplificarse muy claramente en M�xico con las recientes manifestaciones colectivas (Gonz�lez, S. 2005) en contra del forzado desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y que lograron frenar por el momento el uso faccioso de las instituciones de inter�s colectivo. Por ello, en t�rminos de normatividad y de acuerdo con el Dr. Mena, las instituciones democr�ticas deben preocuparse por �llevar poder deliberativo al pueblo� (Mena, 2004, 124), pues de otro modo no es posible pensar en una participaci�n sustentada y eficaz, y s� en una propaganda que imponga p�blicamente s�lo la visi�n del gobernante. Pero es tambi�n obligaci�n de la ciudadan�a, cono afirma Mar�a de la Luz Casas, �asumir los riesgos de una verdadera democracia deliberativa y buscar a trav�s de la racionalidad y el debate de las ideas, la tolerancia en las distintas alternativas de realidad� (Casas, 2004, 336). Sin esta participaci�n ciudadana no es posible pensar en una verdadera democracia. Pasemos ahora al segundo punto, es decir, a los elementos del manejo de la comunicaci�n pol�tica. 3. Comunicaci�n pol�tica En la actualidad existe ambig�edad acerca del concepto de comunicaci�n pol�tica, y predomina el manejo de estos dos t�rminos de acuerdo a la �ptica y los intereses de los publicistas, los pol�ticos y los operadores de medios de difusi�n masiva, principalmente. Aunque algunos acad�micos tampoco rechazan este sentido de la comunicaci�n pol�tica apoyada en los medios de difusi�n masiva, porque afirman que sin �stos �no hay posibilidad de obtener o ejercer el poder� (Aceves 2002; Castells, 1997). Es decir, consideran que son los medios, y no los procesos participativos, el factor clave que caracteriza tanto al espacio p�blico como a la comunicaci�n pol�tica. Jean-Marc Ferry (1998), por su parte, da por sentada la concepci�n del �mbito medi�tico lucrativo como el espacio p�blico pol�tico, aunque este concepto termine por borrar su propio sentido pol�tico y, por supuesto, democr�tico. As� lo manifiesta Ferry al concluir que: La actual constituci�n del espacio p�blico contiene un potencial innovador: El espacio p�blico pol�tico podr�a quedar superado o suprimido (Ferry, 1998, 24). Donde superado o suprimido significa lo mismo: desaparecer. (Cisneros, 2003). Es decir, quedar�a solamente el espacio medi�tico donde tambi�n se tratan asuntos pol�ticos, pero no como espacio propiamente pol�tico y menos democr�tico, en el sentido de un lugar abierto a la libre discusi�n para las decisiones pol�ticas. De esta manera, en la pr�ctica, se mantendr�a el concepto de comunicaci�n pol�tica asumido por los publicistas que desarrollan las campa�as pol�ticas. Lo cual nos llevar�a a considerar, por ejemplo, que personajes como Hitler o Pinochet hicieron comunicaci�n pol�tica, simplemente por haber empleado el espacio medi�tico para legitimar su poder, y no propaganda o adoctrinamiento. Donde el concepto de comunicaci�n se reduce entonces al env�o unilateral de mensajes sin posibilidades de r�plica, y la pol�tica queda �nicamente como ejercicio del poder. De la democracia, por consiguiente, no queda nada qu� decir. �C�mo ven los publicistas, entonces, la comunicaci�n pol�tica? En un trabajo anterior se abord� la idea que tienen algunos conocidos publicistas de la comunicaci�n pol�tica [2]. Pero vale la pena retomar dos citas muy ilustrativas al respecto: Carlos Alazraki, publicista del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo, coincide con otros colegas suyos acerca de la falta de �tica en las campa�as pol�ticas. Ante la pregunta de Jos� Antonio Fern�ndez, Director de la revista Telemundo, sobre si ��Se vale de todo en la publicidad pol�tica?�, Alazraki responde de manera contundente: S�, caray, de todo. No hay c�digo de �tica. La �nica �tica no escrita, es que no te metas en la vida personal de los candidatos. Si eres viejero o no, a nadie le importa. Lo dem�s, todo se vale. Toma en cuenta que vas por la medalla de oro, vas por la Presidencia de la Rep�blica. Y as� es en el mundo entero. En todos lados todos son unos hijos de puta. Es parejo (Fern�ndez, 2004). Lo mismo ocurre respecto del criterio econ�mico de la publicidad pol�tica. Jos� Antonio Fern�ndez pregunta: ��Cu�l es tu m�todo para entender lo que pasa en la pol�tica y lo que debes hacer para crear la campa�a?�, Alazraki responde: Tengo el resumen diario de noticias. S� cu�les son los periodistas de izquierda, los de derecha y los golpeadores, que los conozco bien y comprendo sus objetivos. S� qui�nes son los corruptos, y entiendo por qu� hacen lo que hacen. S� cu�les son los intereses de los medios y el por qu� de su comportamiento. Todo eso lo tengo muy claro. Todo, al final, es dinero (Fern�ndez, 2004). Con este sentido de la promoci�n o �venta� en el fondo de la actividad publicitaria, los publicistas, han dado en llamar comunicaci�n pol�tica a la publicidad y promoci�n de un candidato o partido pol�tico, o bien de alg�n funcionario o dependencia. Considerando entonces como referencia el �posicionamiento� de un producto o servicio en las campa�as comerciales, as� como las �ventas� y las �ganancias�, en el caso particular de la publicidad de candidatos a puestos de elecci�n popular, estas categor�as son sustituidas por la credibilidad (posicionamiento), el voto (ventas) y (ganancias) la obtenci�n del puesto de elecci�n y su presupuesto, respectivamente. En �ltima instancia se busca obtener las m�ximas utilidades, la medalla de oro, seg�n Alasraki: el acceso a los fondos p�blicos. En s�ntesis, la publicidad pol�tica, desde la �ptica de los publicistas, no tiene diferencias significativas con la publicidad comercial. Al final, como dice Alazraki, para ellos �todo es dinero�. Y la mayor�a de los pol�ticos actuales parecen asumir la �ptica de los publicistas. Hoy d�a, como bien se�ala el Dr. Mena, los pol�ticos que participan activamente en procesos electorales o en puestos p�blicos, manejan su informaci�n p�blica con la asistencia de consultores de relaciones p�blicas y de expertos en encuestas. Pretenden con ello incidir a su favor en la formaci�n o manipulaci�n de la opini�n p�blica. No parten de un programa pol�tico espec�fico, basado en una estrategia de desarrollo social del pa�s, que difundan y discutan con la ciudadan�a, sino de la necesidad de posicionarse positivamente entre los ciudadanos electores consumidores de sus mensajes. Los partidos pol�ticos y sus candidatos se apoyan en encuestas de lo que dicen los ciudadanos �nicamente para enganchar ideol�gicamente los intereses expresados por los ellos, como el tema del empleo por ejemplo, pero s�lo con la finalidad de ganar votos de manera inmediata. No les importa si esto se logra o no despu�s de que los candidatos han sido electos. Pues como dice James Carville, ex-asesor de William Clinton y de Francisco Labastida Ochoa en su pasada contienda presidencial, �Nuestro trabajo consiste en conseguir votos, lo que haga el funcionario es asunto suyo� (Cisneros, 2003, 80). Dada la situaci�n anterior que predomina en los procesos electorales en particular, y en el manejo actual de la pol�tica oficial en general, conviene revisar el concepto de comunicaci�n pol�tica desde la �ptica de la democracia colectivista a fin de encontrar otras alternativas de interpretaci�n, o al menos evidenciar los vicios de la actual. As� las cosas, es interesante analizar los contenidos de la llamada comunicaci�n pol�tica, y contrastarlo con las nociones de inter�s com�n, inter�s colectivo e inter�s p�blico que antes hemos enunciado. �Qu� tanto se alude a estos intereses y c�mo? Por ejemplo, el slogan de campa�a de Ernesto Zedillo en 1994 era: �Bienestar para la familia� y el de Vicente Fox en 2000: �El gobierno del cambio�. El bienestar familiar es un inter�s de cada familia por separado, es un inter�s com�n. Por supuesto, jam�s se logr� dicho bienestar sino lo contrario: la deuda p�blica creci� al doble con el FOBAPROA. Al finalizar el primer semestre de 1999 la firma estadounidense Standard & Poor�s calcul� el costo fiscal del rescate bancario en 840 mil millones de pesos, 20 % del PIB, aunque este costo sigui� creciendo por los intereses de la deuda (Castellanos, 1999). Pero aludiendo al contenido del slogan, nadie iba a discutir que se requer�a recuperar el nivel de vida despu�s de las crisis econ�micas de los a�os anteriores. Sin embargo, la propuesta no alud�a a intereses colectivos, y as� pas� el sexenio, entre endeudamiento p�blico y pagos de la deuda. Zedillo incluso expres� con orgullo que adelantar�a pagos a la deuda, en vez de invertir en empleos y desarrollo del pa�s. Lo mismo que ha anunciado el presidente Fox a principios de 2005. La idea de cambio pregonada por Fox estaba abierta a todas las interpretaciones despu�s de 70 a�os de un r�gimen por dem�s corrupto. Por tanto, el cambio pod�a leerse desde �pticas distintas, una de las cuales pod�a ser la del inter�s colectivo de rescatar al pa�s de las decisiones unilaterales, el desempleo y la privatizaci�n de los bienes p�blicos que se inici� con Salinas, entre otras cosas. No ha terminado sexenio foxista, pero es claro el aumento del desempleo y la pobreza (D�valos, 2004; Enciso, 2004; Gonz�lez, 2005, 2004 y 2003; Herrera, 2004; Notimex, 2004). El propio Banco Mundial afirma que �La pobreza en M�xico sigue siendo inaceptablemente alta�, y que los �ltimos 15 a�os han sido perdidos en el combate a este problema (Gonz�lez, 2004). Junto al desempleo y la pobreza se dan decisiones pol�ticas unilaterales contra intereses ciudadanos (el llamado decretazo sobre las concesiones radiof�nicas, por ejemplo), y la terca insistencia en la privatizaci�n de los bienes p�blicos denominada como �cambios estructurales�. En ambos ejemplos, tanto el inter�s colectivo como el inter�s p�blico brillan por su ausencia. De modo que, cuando no se tiene la intenci�n de generar decisiones colectivas, como en estos casos, la comunicaci�n pol�tica tampoco puede ser concebida por estos actores como la b�squeda de entendimiento y de consensos para la toma de decisiones colectivas, lo cual debiera ser su sentido. Parece no interesar realmente a los funcionarios la participaci�n ciudadana en las decisiones p�blicas, sino quedarse en la noci�n de un ciudadano-consumidor-de-mensajes, como en el liberalismo ingl�s del siglo XIX. Por otra parte, dentro de los bienes irreductiblemente colectivos mencionados antes: actitudes y/o conductas indispensables para asegurar la continuidad de la comunidad pol�tica y las decisiones realmente colectivas, parece no cumplirse a cabalidad ninguno. Veamos el primero de ellos: 1. Informaci�n veraz Tradicionalmente en M�xico los discursos pol�ticos son piezas oratorias que se intercambian entre grupos de poder, y en donde la ciudadan�a en general, simple espectadora, siempre ha visto falta de sinceridad y frases forzadas y aburridas. Como se�ala Casas, �Los discursos de los funcionarios p�blicos son, en su gran mayor�a, contradictorios o mediocres� (Casas, 2004, 333). En las campa�as pol�ticas electorales, por ejemplo, no se trata nada sustancial para los ciudadanos, como sostiene el Dr. Mena: La cobertura
noticiosa de campa�as pol�ticas est� Los medios de difusi�n en su gran mayor�a, pero especialmente los electr�nicos, casi nunca cuestionan el sustento de las afirmaciones de los pol�ticos y su papel se reduce a reproducir y/o comentar opiniones triviales de los candidatos o funcionarios en turno. Son muy pocos los medios de informaci�n, como se dan en la prensa cr�tica, que investigan las situaciones existentes detr�s de las declaraciones de los actores pol�ticos y las cuestionan, sustentan u obligan a rectificar. Una de las explicaciones de la superficialidad de la mayor�a de los mensajes medi�ticos es la necesidad que tienen los empresarios de negociar con los funcionarios p�blicos la renovaci�n de las concesiones de sus medios para seguir operando y lucrando, como ha sido el caso del respaldo obtenido tanto del ex-presidente Zedillo como el presidente Fox. Lo cual no implica, por supuesto, el silencio acerca de errores o fallas de altos funcionarios, pues por encima de la t�ctica de no ahondar en sus equivocaciones, est� su necesidad de conservar la credibilidad de sus audiencias con base en el se�alamiento de esas fallas, con el consecuente incremento del rating y el precio de los anuncios. Por otra parte, cuando los periodistas deciden hablar de m�s, son despedidos de sus empresas (Ricardo Rocha en el caso de los asesinatos de Aguas Blancas) o agredidos por el poder, como ocurri� en 1976 con el diario Exc�lsior que entonces dirig�a Julio Scherer. La informaci�n veraz, por tanto, ha sido un servicio escaso en nuestro entorno pol�tico. Y menos a�n es exigida o buscada por las instituciones gubernamentales en general. El mejor ejemplo de ello es el ocultamiento de los informaci�n clave del FOBAPROA. Por el contrario, en el presente sexenio la disonancia informativa ha sido muy frecuente. Por ejemplo, mientras el Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica (INEGI) reporta un incremento en el desempleo, el presidente de la rep�blica anuncia la disminuci�n del desempleo y la reducci�n de la pobreza. Informaci�n esta �ltima que, por supuesto, no resulta ni veraz ni confiable de acuerdo a las declaraciones del Banco Mundial (Gonz�lez, 2004). 2. Tolerancia [o, mejor, pluralismo] Durante 2004 y principios de 2005 fuimos testigos en M�xico de una de las m�s encarnizadas persecuciones medi�ticas del gobierno federal contra un pol�tico que no piensa de la misma manera que el presidente y su gabinete, pues mientras Vicente Fox al asumir el cargo dispuso un incremento del sueldo presidencial (D�valos, 2004; M�ndez, 2005), Andr�s Manuel L�pez Obrador (AMLO) decidi� una reducci�n del ingreso del Jefe de Gobierno del D. F. y de sus funcionarios de alto nivel; mientras el presidente insiste en privatizar los bienes p�blicos, AMLO construye escuelas p�blicas para personas de bajos recursos, y mientras miles de ciudadanos protestan por el desafuero de AMLO, al presidente lo abuchean y le llaman �traidor� a la democracia. La intolerancia ha sido m�s bien el sello de reg�menes anteriores, destacando entre ellos la muerte de estudiantes opositores en los gobiernos de Diaz Ordaz y Echeverr�a, as� como los cr�menes pol�ticos durante el sexenio de Carlos Salinas. La tolerancia pol�tica no ha sido, pues, un valor de nuestros m�s altos funcionarios p�blicos, ya no digamos el pluralismo, sino que ha sido la ciudadan�a qui�n ha tenido que hacer valer su derecho a la disidencia, arriesgando incluso la vida en ello (el movimiento de 1968, el levantamiento zapatista en 1994, los asesinatos de Aguas Blancas en 1995, los cr�menes de Acteal en 1997, etc.). La
manifestaci�n m�s grande que ha realizado la oposici�n
mexicana (marcharon este a�o 1 mill�n 200 mil personas para
exigir su derecho a elegir libremente al futuro presidente de la rep�blica;
Gonz�lez, S. 2005) contra las decisiones del gobierno federal,
es fruto de una larga historia de denuncias sociales, y parece que por
primera vez est� logrando su cometido. Pero en este asunto han
tenido que darse varias manifestaciones multitudinarias en M�xico,
junto con m�ltiples expresiones condenatorias de intelectuales
de muchos pa�ses del orbe, as� como presiones de organismos
financieros internacionales para hacer recapacitar al presidente sobre
su punto de vista equivocado acerca del desafuero de AMLO. Puede decirse,
por tanto, que no es una pr�ctica com�n del gobierno la
llamada tolerancia [3], y menos a�n el pluralismo
pol�tico. Hist�ricamente no se han debatido los proyectos p�blicos. Los debates entre candidatos pol�ticos son recientes, imitaci�n de los debates entre candidatos presidenciales de Estados Unidos, y se han concentrado en los ataques personales de los contendientes, pero no en propuestas de desarrollo social, formas de autogobierno, prioridades de la agenda p�blica, etc. Y tampoco se discute el avance despu�s de las elecciones; menos a�n se da el debate sistem�tico, p�blico y abierto, sobre temas de inter�s colectivo. Por el contrario, en los dos �ltimos sexenios est�n documentadas dos decisiones presidenciales autoritarias que han desconocido arbitrariamente el fruto de las discusiones abiertas y profesionales de organismos p�blicos, representantes empresariales y organizaciones civiles, precisamente sobre asuntos de comunicaci�n p�blica. La primera corresponde al ex presidente Ernesto Zedillo: De 1980 a 1998, durante 18 a�os, se vino desarrollando una discusi�n plural a fin de proponer una Ley Federal de Comunicaci�n Social, con la participaci�n de m�ltiples actores sociales involucrados y encabezados por la propia la C�mara de Diputados. Sin embargo, cuando estaba pr�xima a su aprobaci�n, "El d�a 28 de septiembre, los peri�dicos editados en la Ciudad de M�xico, El Universal, El Heraldo, El Sol de M�xico, La Prensa, Exc�lsior y Ovaciones, entre otros, presentaron de manera simult�nea titulares con repudio a lo que llamaron 'Ley mordaza'" (Delgado, 1998, 6-7). A partir
de ese momento de desarroll� una campa�a tambi�n
en radio y televisi�n en contra de la iniciativa de Ley Federal
de Comunicaci�n Social. De esta manera, el largo y valioso trabajo de discusi�n seria de la ciudadan�a qued� descalificado y sus aportes excluidos por el propio presidente de la rep�blica, sin importar que hubieran sido el fruto de un largo trabajo de representantes de numerosos grupos sociales, diputados y empresarios incluidos. A la fecha, 25 a�os despu�s de su inicio, no se conoce p�blicamente avance alguno en la iniciativa de esa ley de comunicaci�n social, ni el establecimiento de una agenda para impulsarla. La otra decisi�n presidencial en contra de la discusi�n ciudadana se conoce como el decretazo del presidente Fox. De manera semejante a Zedillo, mientras en la Secretar�a de Gobernaci�n se llevaban a cabo pl�ticas formales entre esta dependencia y representantes de diferentes organismos involucrados, a fin de presentar una iniciativa colectiva para modificar la Ley Federal de Radio y Televisi�n que permitiera una mayor participaci�n ciudadana en los medios, el 10 de octubre de 2002 el presidente Fox opt� por expedir un reglamento de una ley secundaria, y firm� la nueva normatividad entre el estado y los concesionarios de radio y televisi�n, quienes entre otras cosas se libraron del r�gimen fiscal que les obligaba a otorgar 12.5 por ciento de sus tiempos de transmisi�n. Como se�ala Renato D�valos: En el camino quedaron las pl�ticas de a�o y medio en una de las innumerables mesas de negociaci�n de la Secretar�a de Gobernaci�n, encabezadas por el subsecretario Jos� Luis Dur�n Reveles, que pretend�an presentar la iniciativa consensuada para modificar la Ley Federal de Radio y Televisi�n. Bajo el nuevo esquema, la reducci�n fija s�lo 18 minutos diarios para las televisoras y 35 minutos para radiodifusoras, es decir, 4.5 por ciento. (D�valos, 2002) La ciudadan�a y sus representantes, una vez m�s fueron burlados. Sin embargo hoy, a casi tres a�os del decretazo y cinco del inicio de su gesti�n, las organizaciones civiles, el CONEICC entre ellas, contin�an impulsando el decreto de una nueva Ley federal de radio y televisi�n, ahora en manos de los senadores de la rep�blica. Habr� que observar la evoluci�n del caso. Por supuesto, en los medios de difusi�n, espec�ficamente los electr�nicos, hoy se habla de la gran apertura a la comunicaci�n p�blica, sin aclarar que �sta se refiere b�sicamente a los actores pol�ticos de siempre y en los t�rminos ya conocidos de exclusi�n ciudadana. Y en apoyo a esta declaraci�n medi�tica, por ejemplo, desde hace un tiempo los dos principales noticiarios televisivos nacionales incluyen en sus an�lisis de fen�menos pol�ticos la participaci�n de diferentes personalidades, aunque siempre invitando en mayor�a a quienes coinciden con la forma de pensar de cada emisora y el gobierno en turno, como es el caso de los programas �La entrevista�, de Ra�l Sarmiento en Televisi�n Azteca, y �Zona abierta� de H�ctor Aguilar. Pero el debate ciudadano, p�blico y abierto, real, sigue siendo una necesidad hist�rica. 4. Evaluaci�n confiable de los asuntos p�blicos Si existe una evaluaci�n com�n acerca de los asuntos p�blicos, �sta es la descalificaci�n. La confiabilidad es una categor�a muy dif�cil de alcanzar en la valoraci�n que los distintos actores sociales hacen sobre las funciones y los programas p�blicos. Por el contrario, la desconfianza parece ser la actitud permanente, ya sea de quien informa o de quien es informado. Quien informa desde un puesto p�blico generalmente exagera los resultados para tratar de justificar el dispendio de recursos, la corrupci�n, o la ineficacia. Quien es informado conoce generalmente esta situaci�n, y a menos que tenga un claro inter�s personal traducible en ganancias econ�micas o tr�fico de influencias, expresar� sistem�ticamente su desconfianza de los informes presentados. Junto a la actitud de desconfianza, en nuestro entorno pol�tico carecemos de bases de datos accesibles y confiables, como en algunos pa�ses desarrollados, para validar las declaraciones sobre asuntos p�blicos. Adem�s de que la actitud defensiva de los funcionarios en evaluaci�n hace ver en cualquier indagaci�n o cuestionamiento de sus informes una amenaza, y tratan de intimidar a su vez a quien osa cuestionarlos. El presidente Fox, por ejemplo, descalifica constantemente a quienes se atreve a indagar sobre el uso que su esposa hace del dinero p�blico, aunque se trate de diputados y/o senadores constituidos formalmente en comisiones investigadoras; o el secretario de gobernaci�n oculta informaci�n sobre la autorizaci�n de casas de apuestas. Con la reciente Ley de Acceso a la Informaci�n, estas pr�cticas evaluadoras tienen al menos un reconocimiento p�blico en tanto acciones socialmente necesarias, y los archivos abiertos constituyen un primer mecanismo de sustento argumental. Podemos decir que se trata de primer paso para desarrollar evaluaciones confiables. Pero falta mucho camino por recorrer. En general, de no darse estos bienes irreductiblemente colectivos que hemos revisado, estas actitudes y conductas de an�lisis y discusi�n abierta y fundamentada, como se dijo al principio se pone en riesgo el desarrollo de la sociedad como una comunidad pol�tica. Y desde luego, no se dar�n las decisiones colectivas requeridas, sino la imposici�n de las decisiones de los pocos individuos que tienen el respaldo legal para ello. En estas circunstancias, como tambi�n se ha mencionado, la sociedad realmente democr�tica llega a ponerse en duda. Por ello, en el trabajo intelectual es importante rescatar el concepto de comunicaci�n pol�tica como el esfuerzo de entendimiento entre los diferentes actores sociales, como la b�squeda de entendimiento y de consensos para la toma de decisiones colectivas, y no asumirlo como una estrategia unilateral de marketing pol�tico, publicidad comercial y relaciones p�blicas para manipular al ciudadano-receptor-elector (Cardoso y Avil�s, 2004) con el argumento de que esta es la visi�n realista. 4. Conclusiones Del estudio del Dr. David Mena Alem�n me parece conveniente retomar cuando menos dos ideas que pueden ser muy relevantes para la comunicaci�n pol�tica: 1: La primera es concebir las campa�as pol�ticas y/o electorales como proyectos de educaci�n pol�tica. Es decir, una campa�a que adem�s de informar, tiene la finalidad de formar actitudes y generar conductas adecuadas para la toma de decisiones colectivas. Se�ala el Dr. Mena: Defino campa�a educativa como una empresa cooperativa donde los ciudadanos y sus instituciones coadyuvan a satisfacer la necesidad irreductiblemente colectiva de decisiones bien informadas en la etapa electoral (Mena, 2005, 139). Esta concepci�n ofrece una alternativa a la estructura y fines de las campa�as comerciales empleadas actualmente en las promociones electorales, y permite evitar que los ciudadanos sean tratados como consumidores de �eventos y personalidades medi�ticas�. Por supuesto, el gran problema que queda pendiente es c�mo generar el inter�s e inducir la conducta de los pol�ticos en favor de este tipo de campa�as pol�ticas educativas. Y en este sentido las dificultades a superar en la �poca actual son m�ltiples, pues tal parece que la propaganda lo que busca es obstaculizar el aprendizaje pol�tico. Por ejemplo: a) No es exagerado afirmar que la mayor�a de los pol�ticos tienen poco escr�pulo para ignorar los valores democr�ticos. b) La mayor�a de los pol�ticos en campa�a redactan sus propias propuestas a partir de los puntos de vista personales de los ciudadanos, lo cual les permite apelar a las necesidades reales de �stos y obtener los votos de los electores menos informados, pero tambi�n evita el aprendizaje pol�tico. c) Ampliar el conocimiento que los ciudadanos tienen de los asuntos p�blicos no es una preocupaci�n fuerte de las teor�as pol�ticas contempor�neas ni de las instituciones p�blicas. El propio concepto de democracia es otro punto de conflicto entre el estado y la ciudadan�a, como afirma Humberto Maturana: Hemos confundido la democracia con la elecci�n de presidentes, parlamentarios y administradores, muchos de los cuales apenas tienen un respaldo mayoritario porcentual. La democracia es un proyecto com�n. Es muy dif�cil la convivencia democr�tica si uno no aprende a vivir en el respeto por el otro, si no aprende a colaborar. La colaboraci�n solamente es posible entre iguales... No se apoya ni se funda en la mentira (Maturana, 1997, 26-83). Es claro que al proponer las campa�as electorales como proyectos de educaci�n pol�tica no estamos hablando de nada f�cil. Sin embargo, tener la claridad conceptual al respecto puede ser un primer paso �til, despu�s vendr� la acci�n social congruente, complicada como toda acci�n pol�tica. Fox, como se ha se�alado, s�lo dio marcha atr�s en la campa�a por el desafuero de L�pez Obrador cuando la ciudadan�a en todos lados, dentro y fuera del pa�s, le se�al� su abuso y su �traici�n a la democracia�. Y tal vez por ah� habr�a que buscar el camino, es decir, a trav�s de la discusi�n ciudadana, la movilizaci�n pol�tica y los espacios informativos accesibles. 2. La segunda idea propuesta es exigir que la comunicaci�n en general, el di�logo p�blico y el debate pol�tico en particular, sean considerados como un bien p�blico, como un patrimonio de la comunidad pol�tica (Mena, 2005, 21-31), de la misma forma en que se considera el derecho al voto o el servicio de las instituciones p�blicas. Desde la perspectiva de la comunicaci�n p�blica, y espec�ficamente desde la comunicaci�n pol�tica participativa, este es el coraz�n de la propuesta del concepto de democracia colectivista. Llamar, como se hace ahora, �comunicaci�n pol�tica� o �comunicaci�n p�blica� a la publicidad pagada en medios con mensajes de tema pol�tico, significa conceptualmente expropiar a la ciudadan�a el derecho de expresar las cosas que le afectan, y privatizar el manejo de las representaciones y las decisiones pol�ticas. Cuando hablamos de este manejo de las representaciones pol�ticas, estamos hablando de procesos que van a formar o a deformar la concepci�n pol�tica de los ciudadanos y su consecuente participaci�n p�blica. Como dice Javier Esteinou, �los medios se han transformado en los principales mediadores culturales, a trav�s de los cuales se articula ideol�gicamente a nuestra sociedad� (Esteinou, 2004, 342) y se influye en su conducta. Por eso es clave distinguir la idea de publicidad pol�tica de comunicaci�n pol�tica, porque en una sociedad democr�tica la ciudadan�a no puede ser excluida ni de la configuraci�n de las representaciones sociales ni de la toma de las decisiones p�blicas. Por lo anterior, hacer la distinci�n y la valoraci�n de la comunicaci�n pol�tica como un bien irreductiblemente colectivo, como un bien p�blico, para luego ejercerlo en consecuencia, nos permite reivindicar por lo pronto en las ideas el derecho de la sociedad a participar en la definici�n de su propio proyecto pol�tico e hist�rico. De lo contrario, con la comunicaci�n pol�tica excluyente, la organizaci�n social tiende a deteriorarse paulatinamente. 5. Bibliograf�a �
Aceves, Francisco (2002). �De la construcci�n de las agendas
a la centralidad medi�tica del espacio p�blico. Hallazgos
y desaf�os en la investigaci�n de la comunicaci�n
pol�tica�. En: IX Anuario de investigaci�n de la
comunicaci�n. M�xico: CONEICC. Hemerograf�a 6. Notas [1]
El doctor David Mena Alem�n obtuvo el Doctorado en Gobierno, en
la Universidad de Essex, y actualmente es profesor investigador del Departamento
de Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad de las Am�ricas,
Puebla. Adem�s del libro de referencia, ha publicado diferentes
art�culos sobre el tema de democracia y comunicaci�n en
la Gran Breta�a |
|