Revista Latina de Comunicación Social 53 – Enero - febrero de 2003
|
Edita: LAboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social Teléfonos: (34) 922 31 72 31 / 41 - Fax: (34) 922 31 72 54 |
CSIC: chapapote de la ciencia española (o cómo se manipula información en catástrofes ecológicas) * Dr. José Manuel de Pablos Coello © [ * La publicación del siguiente texto fue rechazada por la sección La desastrosa política informativa del gobierno sobre la catástrofe del Prestige pone de manifiesto uno de los vicios históricos de algunos gobernantes españoles: el secuestro de la información, que es pública, y el uso de algunos científicos afines al poder para dar credibilidad a las decisiones políticas o para cargar errores de ministros, a cambio de prebendas. Pasó en Doñana: el gobierno ignoró a las universidades andaluzas. En su primer comité de crisis, la mayoría de los científicos eran del siempre politizado Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Estos días, cuando hace más falta la coordinación del mayor número de expertos trabajando sobre cómo atajar el chapapote, profesores de las universidades gallegas, a las que se han sumado otras del resto de España, han denunciado que sus investigaciones realizadas tras el accidente del Prestige "fueron ignoradas por las administraciones implicadas, que no solicitaron su colaboración ni su asesoramiento". Las universidades españolas también se han quejado de que el gobierno no les facilita información: tienen que trabajar con datos obtenidos por organismos franceses y portugueses. ¿Por qué al gobierno no le interesa las aportaciones de la universidad (pública) española? La universidad española aporta el 77% de la producción científica. El CSIC, sólo el 12% de la producción nacional y sus investigadores apenas llegan al 5% de los científicos españoles. La pregunta es obvia: ¿Por qué se escoge a tanto experto de la cantera menos numerosa? También la respuesta: sólo se quiere al CSIC o al resto de los organismos públicos de investigación políticamente dependientes del gobierno. ¿Por qué ignoran tanto a la universidad pública? La respuesta es clara: porque es competente y libre. Si algo se ha vuelto a despreciar en esta nueva crisis es la competencia y la libertad. El CSIC es considerado por algún medio "líder de la investigación" en el caso del Prestige, sin embargo copia sin citar fuentes, como sucedió con el informe francés. La explicación a cómo hemos llegado a este esperpento la encontramos en el discurso de inauguración del CSIC, en 1940, unos meses después de que Franco enviara al exilio a todos los científicos independientes de la II República (Cabrera, Moles, Catalán o Castillejo, entre otros muchos). El primer responsable de Educación de la dictadura y presidente del CSIC, José Ibáñez, pronunció las palabras que aún pesan como una losa en la ciencia española: "Liquidamos, por tanto, en esta hora, todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad nacional. Igual olvido y desprecio para cuantos endiosaron la razón humana. Yo recuerdo, desde aquí, a los intelectuales todos que tienen un deber de ciencia: que se ha acabado el tiempo estúpidamente feliz en que la actividad científica era una aportación voluntaria y libre". Es decir, la ciencia oficial tenía y tiene que estar sometida a la política y, por qué no decirlo, también a la religión oficial: "El árbol imperial de la ciencia española creció lozano en el jardín de la catolicidad. Nuestra ciencia actual quiere ser ante todo católica" –recordaba Ibáñez en el discurso de inauguración del Consejo. Pero han pasado más de 60 años desde este discurso y España ha cambiado mucho en este tiempo, podría respondernos alguien. Es cierto. Ha cambiado, excepto en un aspecto: "Tras haber avanzado en política y economía, para que España sea un país verdaderamente occidental le falta aún desarrollar la pata de la ciencia" no dejaba de decir don Ángel Martín Municio, presidente de la Real Academia de Ciencias, recientemente fallecido. La idea de la ciencia sometida a la catolicidad es ahora uno de los asuntos de mayor actualidad, con las presiones de la iglesia por antonomasia en el decir oficial (la católica) aceptadas por el gobierno del PP, para que no se investigue con células madre embrionarias. Pero el caso que nos ocupa es el de la ciencia oficializada sometida a los dictámenes políticos. El CSIC es una férrea estructura gobernada por un presidente elegido por el gobierno del PP, y éste selecciona al resto de los directores de áreas y de centros. Es un nombramiento que sigue el mismo procedimiento que el de un general o de un jefe de policía, diferente al sistema de elección universitario. Esta fórmula, propuesta en la época franquista, apenas ha variado en los últimos sesenta años y es la que permite a los distintos gobiernos tener siempre científicos dóciles capaces de decir disparates técnicos con tal de avalar a los políticos de turno. Para demostrar la opacidad del CSIC, baste decir que mientras desde el gobierno se ha cacareado sin cesar la impresentable endogamia universitaria, siempre ha callado la del CSIC, cuyo personal también es funcionario público. Las universidades públicas son "horriblemente endogámicas" para este gobierno. Según la LRU, tres de los cinco miembros que componen los tribunales que juzgan las plazas son profesores de otras universidades, diferentes a la que convoca la plaza y elegidos por sorteo; en el CSIC, todos los miembros de sus tribunales son elegidos por la superioridad, sin sorteo alguno: como en el ejército. En tales circunstancias, ¿qué posibilidad de actuar con libertad le queda a los científicos del Consejo que traten de investigar en libertad sin quedar atascados en sus carreras? ¿Qué nivel de crítica les deja ese tipo de nombramientos de tribunales? Para este gobierno es importante que la ciencia sólo esté en el CSIC y no en las universidades; a éstas últimas, aunque lo intenta, no las puede dominar. Una de las primeras medidas del dictador fue eliminar la ciencia de la universidad y pasarla al politizado CSIC. Las universidades sólo debían dedicarse a la educación, no a la investigación. La situación cambió con la democracia. Curiosamente, una de las primeras medidas del gobierno del PP con mayoría absoluta en el Parlamento fue sacar a las universidades del ministerio responsable de Ciencia. Sin embargo, a veces, científicos del CSIC, que hay muchos y muy competentes, no pueden soportar más la presión política y estallan, con riesgo de quedarse sin empleo. Dos semanas después de la crisis del Prestige, varios investigadores del Centro Superior de Investigaciones Marinas de Vigo, que pertenece al CSIC, criticaron a los responsables del Consejo por "ocultar información" y "hacer una mala gestión de la crisis del Prestige". La sociedad no es consciente de esta manipulación política a través de científicos entregados al poder, porque en España no existe una tradición científica similar al resto de los países occidentales. Esto facilita que cuando ocurre un suceso con base científica (‘vacas locas’, aceite de orujo, Doñana, alimentos transgénicos o el propio Prestige), en España no sepamos a quién acudir. Se origina así un buen caldo de cultivo para que entre a funcionar la maquinaria de propaganda del Consejo. La Academia de Ciencias es ninguneada, como denunció reiteradamente Martín Municio. No se la tuvo en cuenta en el caso Doñana ni en el de las ‘vacas locas’. Tampoco ahora: "Nadie en España quiere oír a los científicos independientes", decía siempre Martín Municio. Con una Academia de Ciencias eclipsada por un CSIC todopoderoso y politizado, sólo quedaba silenciar a las universidades para tener la ciencia totalmente controlada. En este sentido, la política seguida por el PP de reunir en la misma persona al jefe de prensa del CSIC y de la Secretaría de Estado de Universidades ha dado sus frutos. Investigaciones en los departamentos de periodismo de la Universidad de La Laguna y de la Carlos III de Madrid han demostrado, por ejemplo, que los científicos del CSIC se citan en el 48,1% de las noticias de ciencia en diarios españoles, a pesar de realizar sólo el 12% de la investigación. Los profesores universitarios que realizan el 77% de la producción científica española sólo se citan en un escaso 4,2%. ¡Qué bien funciona la maquinaria de propaganda gubernamental en el Consejo! Otra encuesta, nada sospechosa de defender a las universidades, elaborada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt), creada por el gobierno de Aznar, demuestra que, para los españoles, quienes hacen ciencia son el CSIC y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sólo un 5,8% considera que en la universidad se hace ciencia. Es decir, la política de silenciar la voz de la universidad en los temas científicos da resultado. En las facultades de Ciencias de la Información se enseña a no fiarse mucho de las fuentes gubernamentales. Se recuerda a los alumnos cómo los científicos ‘siempre optimistas’ del CSIC que suelen aparecer en los medios tienen órdenes de dar ideas positivas. Nunca son fuentes fiables: "No hay motivo de alarma", dijo el ex presidente del CSIC, César Nombela, cuando se hizo cargo de la crisis de Doñana en mayo de 1998. Y añadía (en serio): "Reparar el daño ambiental causado en Doñana puede ayudar a restaurar la imagen de los científicos españoles". Como la Academia de Ciencias dijo que esa contaminación de metales en Doñana "durará hasta la eternidad", se la silenció. Como el Consejo aseguró que era poco menos que una lotería que le había caído a España, el gobierno aupó a Nombela al estrellato: salió en el 55% de las informaciones. Municio, Castroviejo, Delibes o catedráticos, como Carlos Montes, de la Autónoma de Madrid; José Aguilar, de Granada, o Antonio Ballester, de la Complutense, prácticamente no aparecieron, a pesar de ser verdaderos expertos, al menos en cuanto al número de publicaciones científicas sobre contaminación ambiental. No se valoró este extremo en Doñana, como ahora sucede con el Prestige. Esto es un escándalo. En el caso del Prestige, como en el de Doñana o las "vacas locas", la situación se está repitiendo. Nadie conoce la competencia en cuestiones petroleras del comité técnico ni del comité científico. Sus nombres son casi un secreto. Los que se conocen, no son competentes en el tema. José Luis García Fierro, químico del CSIC que dijo que el fuel oil se solidificaría en el fondo marino, no es un experto en petróleo sino en catálisis, una rama totalmente diferente de la petroquímica. Los hechos después dieron la razón a quienes desconfiaron de afirmación tan poco rigurosa: el fuel no se solidifica en un caso como el presente. No lo ha hecho. No obstante, mientras se supo la verdad, hubo una especie de optimismo y pronto se vio que era falso: la ciencia, manipulada o la ciencia como herramienta de manipulación de la opinión pública, a través de medios cómodos en repetir manifestaciones manipuladas. ¿Por qué esa versión no se contrasta? Ahora, el CSIC asegura que no se abrirán nuevas grietas. ¿Se podrá creer? ¿Palabra de dios? El presidente del oficialmente denominado ‘comité científico’, Emilio Lora-Tamayo –también hijo de ministro de Franco– es un físico experto en microelectrónica, pero... ¿qué tiene eso que ver con el Prestige, al margen de su buena predisposición para con el poder? Una semana después nos dijeron, por boca de César Dopazo, otro experto elegido por el gobierno para el delicado cargo de director del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (Ciemat), que el fuel tardará en solidificarse dos meses. ¿Cómo han hecho esos cálculos? ¿Qué parámetros se barajan? Todo son secretos que no quieren compartir con la comunidad de científicos más preparada y numerosa: la universitaria. ¿Secretos o cuentos? "El gobierno ignora a la universidad cuando piensa en la ciencia. Pero la universidad debe servir a la sociedad con competencia profesional, dedicación, desinterés en obtener prebendas y con total independencia", comentó a uno de los firmantes Domingo Docampo, rector de la Universidad de Vigo, una de las que se ha rebelado contra esta política silenciadora en la catástrofe. Claro: esas características citadas por Docampo no las quiere el gobierno en un experto. Urge organizar un comité de verdaderos expertos, transparente y con una proporción de profesores universitarios acorde con su producción científica. Que informen con libertad a la sociedad española, sin que peligren sus puestos de trabajo. Hay que dejar hablar libremente a los científicos del CSIC y del Ciemat. No queremos a sus directores elegidos políticamente sino a los que saben de verdad, algo que en ciencia es muy fácil de demostrar. Hasta que esto no ocurra, el CSIC seguirá siendo chapapote en la ciencia española. |
|