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Revista Latina de Comunicaci�n Social 13 � enero de 1999 |
Edita: LAboratorio de Tecnolog�as de la Informaci�n y Nuevos An�lisis de Comunicaci�n Social |
[Diciembre de 1998] Pol�ticas de comunicaci�n y democratizaci�n. El caso de Guatemala (2.863 palabras - p�ginas) Lic. Hans Koberstein � Berlin (Alemania) chasqui@mail.zedat.fu-berlin.de 1 El eslab�n olvidado En el marco de un proceso aparentemente mundial, trece pa�ses latinoamericanos volvieron a la democracia a comienzos de los a�os noventa. Estas democracias se consideran a�n en proceso de consolidaci�n (cp. Nohlen/Thibaut: 1994). Los estudios sobre los procesos de democratizaci�n realizadas hasta la actualidad han ignorado casi en su totalidad el papel de los medios de comunicaci�n, a pesar de que la libertad de expresi�n y de informaci�n se consideren condiciones previas para una democracia (Filgueira/Nohlen: 1994, 11; Schmitter/Karl: 1993, 45; Waisbord: 1995, 209). Las ciencias de la comunicaci�n en Am�rica Latina s� se dedicaron a partir de los a�os sesenta a estudiar la relaci�n entre los medios de comunicaci�n y la democracia. Entre sus filas se cre� la as� llamada escuela latinoamericana o la teor�a militante, que abogaba por una democratizaci�n de la comunicaci�n a trav�s de pol�ticas de comunicaci�n (D�az Bordenave: 1976, 147; Fuentes: 1989, 114f; Motta: 1989, 148). Sin embargo, esta corriente tampoco investig� a fondo la relaci�n entre medios de comunicaci�n y los procesos de democratizaci�n latinoamericanos. En la �poca autoritaria, la libertad de expresi�n y de prensa quedaron constitucionalmente garantizadas tanto en Guatemala como en la mayor parte de Am�rica Latina, aunque en la pr�ctica estas libertades no llegaran a respetarse (Buckman: 1996, 7; Peleg: 1993, 133). En vez de una censura abierta o restricciones legales los reg�menes autoritarios recurr�an en la mayor�a de los casos a aplicar las llamadas pol�ticas de comunicaci�n informales, tales como amenazas de muerte, secuestros y asesinatos. (Scarone: 1996, 26). En base a ello, una democracia se considera consolidada si en la pr�ctica se establecen unas pol�ticas de comunicaci�n formales y democr�ticas, mientras que las pol�ticas de comunicaci�n informales pierden importancia. Por tanto, es conveniente analizar las pol�ticas de comunicaci�n formales, y las pol�ticas informales, para determinar el desarrollo y los cambios que se produjeron durante el proceso de democratizaci�n. Este modelo es aplicado en el presente estudio para el caso de Guatemala durante el proceso de democratizaci�n de 1986 a 1998. En este estudio se llevaron a cabo 35 entrevistas con expertos en Guatemala, a la vez se registraron y analizaron 321 agresiones contra periodistas y medios de comunicaci�n en ese per�odo. 2 El caso de Guatemala 2.1 El panorama comunicacional Durante el proceso de democratizaci�n, persistieron graves problemas en el campo de los medios de comunicaci�n: La mayor parte de los medios informativos segu�an concentrados en la capital, tanto a nivel de informaci�n como de difusi�n. La profesi�n de periodista segu�a sin existir fuera de las grandes ciudades (Barrera et al.: 1992, 139) y los medios de comunicaci�n ignoraban casi en su totalidad los idiomas y las culturas ind�genas. Se produjeron dram�ticos procesos de concentraci�n de propiedad. As�, en 1998 m�s que el 90% del tiraje de la prensa diaria estaba controlado por dos consorcios - Prensa Libre y Siglo Veintiuno. El mexicano Remigio Angel Gonz�lez y Gonz�lez lleg� a controlar todos los canales de televisi�n con difusi�n nacional. La radio estaba controlada por un oligopolio, compuesto por siete grupos, entre ellos la iglesias cat�lica y sectas evang�licas. 2.2 Las pol�ticas de comunicaci�n formales Al comenzar el proceso de democratizaci�n en 1986, las bases legales relacionadas con los medios de comunicaci�n apenas cambiaron. No se produjeron reformas ni debates p�blicos o semip�blicos encaminadas a la adaptaci�n de la legislaci�n a las peculiaridades y necesidades de un pa�s en proceso de democratizaci�n. Las pol�ticas de comunicaci�n formales no se establecieron como un campo especializado dentro de la pol�tica nacional (1). Ning�n partido pol�tico representado en el congreso en 1998 hab�a elaborado un programa que contemplara las pol�ticas de comunicaci�n formales, ignorando as� la importancia de este campo pol�tico. (cp. Barrera:1989, 45) Por esa raz�n, las leyes elaboradas durante el proceso de democratizaci�n carec�an de coherencia. Ejemplo de ello era la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) que regulaba indiscriminadamente tanto las frecuencias de tel�fonos m�viles como las de radio y televisi�n. Con la LGT las frecuencias ya no eran otorgadas por el estado sino subastadas permitiendo la inversi�n extranjera. El estado perdi� definitivamente el control sobre las frecuencias. Contrastando con esta ley, las dem�s iniciativas legislativas siguieron la l�nea tradicional de pol�ticas de comunicaci�n formales, atribuyendo al estado una amplia gama de funciones que apenas puso en pr�ctica. Ejemplos de esto son la ley de televisi�n por cable de 1992 y el aumento en los salarios m�nimos para periodistas en los a�os noventa. En los scuerdos de paz firmados entre gobierno y guerrilla en diciembre de 1996, el gobierno se comprometi� a fomentar la divulgaci�n "de las expresiones culturales ind�genas", a facilitar frecuencias para proyectos ind�genas y a "reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, cient�ficos, art�sticos y educativos de las culturas ind�genas en sus idiomas" tanto en la televisi�n, la radio, como en la prensa (Acuerdos de Paz, 12). Esto se arcord� en marzo de 1995. Casi dos a�os despu�s entr� en vigor la LGT, con lo cual se imposibilit� el otorgamiento de frecuencias a proyectos ind�genas. Asimismo, el anteproyecto de ley de reforma a la Ley de Radiodifusi�n ignor� completamente los contenidos de los acuerdos de Ppaz. 2.3 Las pol�ticas de comunicaci�n informales 2.3.1 Agresiones contra periodistas y medios de comunicaci�n Un instrumento importante de las pol�ticas de comunicaci�n informales lo constituyeron las agresiones contra periodistas y medios de comunicaci�n. El hecho de que los autores intelectuales de estas agresiones gozaran de impunidad reforz� la autocensura entre los periodistas (Altolaguirre: 1994, 104). El an�lisis de 321 casos de agresiones que se produjeron entre 1986 y 1997 demuestra que en 1986 el nivel de las agresiones era muy bajo (3 casos), para crecer en los a�os siguientes de forma c�clica hasta llegar a los 65 casos de 1993. Posteriormente, el n�mero baja hasta 15 en 1997, tasa a�n muy por encima de la de 1986 (cp. cuadro 1). Cuadro 1 Agresiones contra periodistas y medios de comunicaci�n Los incrementos m�s significativos no coinciden con las campa�as electorales sino con otros acontecimientos pol�ticos, como el frustrado golpe de estado en 1998 que conllev� una ola de violencia dirigida contra periodistas y algunos medios de comunicaci�n reci�n establecidos (Koberstein: 1990, 48f). El decenso pronunciado en los a�os 1996 y 1997 se debe a la firma de la paz de 1996 entre gobierno y guerrilla. En el caso de las agresiones con consecuencias graves, que implican la muerte o el exilio de periodistas y en el caso de los medios de comunicaci�n el cierre temporal o definitivo de estos, se observa una curva de incidencia sin mayores altos y bajos, que no desciende a pesar de la firma de paz de 1996 (cp. cuadro 1). Un an�lisis de los datos considerando los per�odos de gobierno evidencia que estos tienen poco impacto en el desarrollo de las agresiones. Las fuerzas de seguridad (2), miembros del gobierno (3) y funcionarios p�blicos se cuentan entre los principales supuestos autores intelectuales de las agresiones, apareciendo las fuerzas de seguridad como responsables de la mayor parte de las agresiones. Esta situaci�n cambia durante el gobierno de Alvaro Arz�. En este per�odo se observa un auge de autores civiles en comparaci�n con los militares. Es dif�cil deducir de ello una desmilitarizaci�n de las pol�ticas de comunicaci�n informales, ya que la inteligencia militar segu�a manteniendo un control estrecho sobre los periodistas y los medios de comunicaci�n. 2.3.2 Control informal de radiodifusi�n El estado sigui� controlando la concesi�n de las licencias de frecuencias para radio y televisi�n. Las licencias se sol�an otorgar o prorrogar poco antes de las elecciones generales. De esta forma, el gobierno de turno recib�a una cobertura informativa favorable y buenos precios para la propaganda pol�tica. Las emisoras que no cooperaban o abiertamente se opon�an al gobierno a�n en el poder se arriesgaban a que no se les prorrogara la licencia (Koberstein: 1990, 36). Este instrumento de control desapareci� con la entrada en vigor de la LGT en 1997, ya que las frecuencias ya no se conced�an por el gobierno sino se subastaban. Sin embargo, qued� vigente la Ley de Radiodifusi�n (Decreto 466) de 1966 con sus instrumentos de control y presi�n. 2.3.3 La trama de Gonz�lez El mexicano Remigio Angel Gonz�lez y Gonz�lez inici� sus actividades en Guatemala en los a�os ochenta para convertirse en el hombre fuerte de la televisi�n guatemalteca, sin encontrarse con mayores obst�culos pol�ticos, a pesar de que la legislaci�n prohib�a a extranjeros la adquisici�n de medios de comunicaci�n (4). A finales de los a�os noventa, Gonz�lez controlaba todos los canales de televisi�n de cobertura nacional incluyendo los noticieros. Igualmente se adue�� de 22 frecuencias de radio, entre ellas, la �nica radio puramente informativa del pa�s, Radio Sonora. Gonz�lez estaba empe�ado en mantener buenas relaciones con el gobierno de turno. Ordena en los telenoticieros un trato favorable a los candidatos presidenciales con m�s posibilidades de ganar y ofreci�ndoles condiciones especiales para la propaganda pol�tica, de forma que ninguna campa�a electoral pueda funcionar sin el apoyo de Gonz�lez. Si el presidente de turno se mostraba descontento por la emisi�n de informaciones perjudiciales para el gobierno, Gonz�lez se encargaba de suprimir estas informaciones. Este mecanismo se ha vuelto casi rutinario en algunas redacciones 2.3.4 Otros instrumentos de control informal A comienzos del proceso de democratizaci�n, la pr�ctica de la corrupci�n en el periodismo segu�a inamovible, persistiendo hasta en el a�o 1990 un sistema informalmente establecido de tarifas de sobornos (5) (Koberstein: 1990, 60f; cp. Heise et al.: 1987, 26). A medianos de los a�os noventa, debido a los fuertes incrementos en los salarios m�nimos para periodistas, aument� la contrataci�n de profesionales universitarios no propensos a sobornos. Este cambio se dio tan s�lo en algunos medios impresos de la capital, mientras que en la radio y la televisi�n, as� como en los departamentos, no se notaron mayores cambios en el pago de salarios, la profesi�n de periodista segu�a estando en manos de periodistas 'emp�ricos' con sueldos bajos y conserv�ndose, de esta forma, el sistema de sobornos (Bola�os: 1996, 41; Klee: 1996, 95) El presupuesto de la Secretar�a de Relaciones P�blicas de la Presidencia se cuatruplic� durante el proceso de democratizaci�n. Los gobiernos democr�ticos empleaban, al igual que sus antecesores autoritarios, la publicidad oficial para influir en el periodismo. Medios de comunicaci�n declarados ingratos por el gobierno fueron excluidos de la tarta presupuestaria. En cambio, el gobierno financiaba, y por tanto controlaba, en su totalidad alrededor de cien radionoticieros. Como casi nadie en Guatemala pagaba impuestos directos, la amenaza de un examen fiscal a la empresa se utilizaba como un medio de presi�n (Garc�a: 1990, 66). El presidente Alvaro Arz� amenaz� a empresas con inspecci�n fiscal en caso de volver �stos a publicar anuncios en medios cr�ticos al gobierno. Con Arz�, que pertenec�a a las familias m�s poderosas de la oligarqu�a econ�mica del pa�s (cp. Dosal 1995, 6f), el gobierno reuni� el poder pol�tico y econ�mico. Arz� emple� este poder en contra de los medios cr�ticos, organizando un boicot de publicidad. Los medios afectados ufrieron bajas en su balance comercial de hasta el 50% (5). El boicot comercial aparec�a como un elemento casi diario en el periodismo guatemalteco, siendo un instrumento de presi�n usado adem�s por empresas privadas y, en menor grado, por la iglesia cat�lica. (Altolaguirre: 1994, 105) 3 Conclusiones En los doce a�os de democratizaci�n, los patrones de las pol�ticas de comunicaci�n formales e informales han cambiado poco. Tanto el ej�rcito como la oligarqu�a econ�mica, ligada al gobierno desde el nombramiento de Alvaro Arz� como presidente, representan los grupos fuertes de presi�n sobre los medios de comunicaci�n. Las leyes que regulan los medios de comunicaci�n siguen sin apenas cambiar o aplicarse. Las pol�ticas de comunicaci�n formales no se han establecido como tales en los partidos pol�ticos, instituciones y organizaciones, a pesar de los grandes problemas que a�n persisten en Guatemala en el campo de la comunicaci�n. Problemas como la exclusi�n de idiomas y expresiones culturales ind�genas, la concentraci�n regional de los medios de comunicaci�n y los procesos acelerados de concentraci�n en la propiedad de los medios. En vez de establecerse pol�ticas de comunicaci�n formales y democr�ticas y aplicarse las leyes respectivas, las pol�ticas informales han sufrido pocos cambios. Estos cambios no se rigen por principios democr�ticos sino suponen una adaptaci�n del gobierno, del ej�rcito y de la oligarqu�a econ�mica para mantener sus posiciones de poder. Por todo esto, el proceso analizado en este estudio puede denominarse una transici�n sin democratizaci�n. Un proceso de democratizaci�n no se ha podido constatar. En este contexto pol�tico, la puesta en pr�ctica de pol�ticas de comunicaci�n formales dirigidas a apoyar la democratizaci�n se presenta como una tarea extremadamente dif�cil de realizar. Bibliograf�a - Acuerdos de Paz (1997): Guatemala, Univ. de San Carlos. - Altolaguirre, Marta (1994): L�mites formales y no formales a la libertad de expresi�n. En: Periodismo, derechos humanos y control del poder pol�tico en Centroam�rica. Jaime Ord��ez (ed.). 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