De Atocha a Moncloa. Las líneas torcidas de la información desde los atentados del 11 de marzo hasta la victoria electoral del PSOE el 14 de marzo

Resumen

Durante los ya históricos fatídicos tres días de marzo, Madrid, España, Europa y el resto del mundo se vieron convulsionados por una realidad atroz que, para desgracia de los que aspiran a vivir en un mundo donde los derechos humanos sean la base de la convivencia entre personas, se repetirá irremediablemente una y otra vez.

Es obvio que la única salida está en un nuevo orden mundial o, al menos, una profunda y efectiva renovación del sistema de valores que rigen la sociedad y a sus máximos representantes –políticos–. Se trata de un giro de 180 grados donde cada estamento y sector social se involucre, y es ahí donde los medios de comunicación, como transmisores necesarios de una realidad inalcanzable a toda la población, deben jugar el papel más ético posible, informando con toda la veracidad que se le puede exigir a periodistas y empresas que presumen de informar. 

No podemos negar, sin embargo, la absoluta y sana libertad de que cada medio, con sus respectivos intereses políticos y económicos detrás, exprese sus opiniones e intenten convencer a la población de lo que entienden como la postura más coherente. Sin embargo, cuando estos medios de información – que no de opinión– pretenden engañar al lector y vender por información lo que en realidad es opinión lo único que hacen es llenar sus páginas del detestable –en prensa– color amarillo.

Si esta seria ética profesional debe ser un requisito esencial para la labor diaria, continua e incluso rutinaria de un periodista y su empresa, más aún, si cabe, debe exigirse en sucesos y acontecimientos de tan magna magnitud como los acaecidos en Madrid aquel 11 de marzo.  Es indignante y repudiable –debería ser ilegal– ver cómo en una situación tan extrema, cuando los sentimientos de todo un país están dañados de muerte, y cuando la gente y el conjunto de la población pide y exige ser informado, encontrarnos con medios de comunicación –por no hablar de estamentospúblicos– que niegan, manipulan, ocultan o tergiversan información sólo por salvar unos intereses determinados.

El amarillo, en estos casos, debería juzgarse no sólo como un mero reproche  que se hace a esa persona o medio que no ha seguido fielmente la ética periodística, sino que debería estar tipificado como delito, contra un servicio público que tiene incluso su sustento legal como derecho fundamental recogido en la propia Constitución Española: comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión. 1

Quizás, es en estos momentos cuando se acentúa la verdadera diferencia entre los buenos y los malos periodistas, entre informar y desinformar o entre propaganda y publicidad con periodismo. Ahora es necesario darle la razón, una vez más, a Ryszard Kapucisky y a una de sus frases más certeras: “los cínicos no sirven para este oficio”.